Alvarez, a la Corte para cerrar conflicto

Pero como tantas cosas que debió cambiar en este breve lapso de interinato, Duhalde se vio obligado a comprender que a la Corte no se la puede poner en comisión porque jurídicamente es inconstitucional, y tampoco el mecanismo previsto en la Carta Magna -el juicio político- resulta de fácil aplicación, especialmente en un país donde se gobierna por decreto o porque las leyes muchas veces se dictan de contramano a lo que establece la Constitución, cuya interpretación y aplicación está reservada exclusivamente al Poder Judicial. El decreto de aplicación del «corralito financiero» y la ley de Emergencia Económica fueron los arietes por los cuales la Corte perforó la entente político-legislativa que quiso derrocar a un par, por lo menos, de máximos jueces. Por ello, si se cierra el juicio, en el gobierno se especula que habrá detención por la vía judicial del «goteo» financiero que amenaza la existencia de los bancos.

Pero no sólo son estos temas los que deberá debatir Alvarez con la Corte. En carpeta, están prontos -si prospera el enjuiciamiento- otros asuntos que preocupan seriamente al Ejecutivo: inconstitucionalidad de la segunda Asamblea Legislativa que designó al senador Duhalde a cargo de la Presidencia hasta el año 2003 cuando estaba vigente una convocatoria a elecciones en 90 días hecha por otro presidente designado, Adolfo Rodríguez Saá; inconstitucionalidad o no de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que podría reabrir el frente militar y las violaciones a los Derechos Humanos durante el Proceso militar y la propia convocatoria a elecciones y achicamiento del plazo de gobierno encomendado a Duhalde por el Congreso que podría requerir de una nueva Asamblea Legislativa.

Si bien no habrá temario previo -sólo se justificó su presencia como visita protocolar- se descuenta en la Corte que en la conversación privada no podrá soslayarse el difícil momento de las relaciones entre los tres poderes del país. Tal es la gravedad de la situación que Duhalde decidió manejar este problema sin la ingerencia de los numerosos y desprolijos operadores judiciales que complicaron al extremo la relación con la Corte. Por eso, ahora, sólo será su nuevo ministro de Justicia el canal natural para hablar con los jueces, una tarea que no supo o no pudo cumplir el radical Jorge Reynaldo Vanossi que terminó cosechando irritaciones donde desde hace años -como abogado- se esmeró por sembrar simpatías y otros lazos.