Anodina audiencia ayer en la Corte Suprema de Justicia en la causa por la contaminación de la cuenca Matanza-Riachuelo, en la que sólo se escucharon los planteos de los actores políticos de un proceso que acumula hasta el momento más polémica que acciones.
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La agitación, en cambio, pareció concentrarse fuera del edificio del máximo tribunal, donde un grupo de manifestantes -ocultos tras barbijos- exigió a la Corte que «termine el circo de las audiencias públicas» y al gobierno que brinde una « rápida» solución a la contaminación del Riachuelo.
En este contexto, representantes del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y del Gobierno de la Ciudad desligaron al poder político como único responsable del saneamiento de ese conflictivo recurso, e instaron a los ciudadanos a adoptar una «responsabilidad social» en el cuidado del medio ambiente.
La secretaria de Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, y el procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, fueron los portadores del mensaje que escucharon los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda. La primera en exponer fue Picolotti, quien manifestó que sería «ilusorio» suponer que únicamente la voluntad del Estado pueda corregir el problema de contaminación en la cuenca. Después el procurador del Tesoro habló en representación de los tres estados demandados y explicó que hasta el momento se tomaron «medidas razonables» para «responder a todos los estímulosinstitucionales posibles».
También el procurador porteño, Agustín Zbar, recordó que «la contaminación comenzó muchísimo antes de la creación» del distrito autónomo por lo que pidió a la Corte que una eventual condena en esta causa tenga presente que el Gobierno de la Ciudad sólo fue creado en 1996, en una exposición que fue casi más un discurso de despedida (deja el cargo el 10 de diciembre) que una argumentación judicial.
En tanto en el carácter de «terceros» fueron convocados representantes de municipios bonaerenses de Almirante Brown, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo, Presidente Perón, San Vicente y Avellaneda.
A posteriori, Picolotti retomó la carga contra las empresas demandadas por presunta contaminación que funcionan con «una autorización administrativa» y aclaró que ningún permiso «otorga derecho a dañar el medio ambiente».
En la segunda fila de butacas el defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, siguió las alternativas de esta causa que lo tuvo como uno de sus principales impulsores, y se retiró «sorprendido» por lo que consideró «imprecisiones» de la posición oficial.
La falta de contrapunto se dio, en términos informales, por la ausencia de los representantes de las más de 40 empresas demandadas.
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