Eduardo Duhalde bajará hoy del avión en Barajas con la nueva Ley de Quiebras sancionada y promulgada (firmó el decreto en Ezeiza antes de partir). El Senado apuró la aprobación de este nuevo enero régimen para los concursos y quiebras que repara la absurda reforma votada en enero pasado y que había dejado al país fuera del sistema de crédito financiero y comercial. El nuevo texto repone la institución del «cram down» (posibilidad de que el acreedor se cobre la deuda con acciones de la concursada) y reduce a 90 días la suspensión de ejecuciones de deudas. Esa norma más racional fue votada por peronistas, radicales e independientes que parecieron convencerse de que, si se mantenía la ley de enero, el país no tendría más crédito. ¿Qué banco o qué proveedor le daría dinero o bienes a plazos a un cliente que, con sólo concursarse, postergaría durante 120 días hábiles cualquier forma de ejecución de la deuda? Con esta nueva, el país ingresa en alguna normalidad según le reclaman el sentido común, la lógica de los negocios y también los auditores externos, como el Fondo Monetario Internacional, para sentarse a negociar cualquier programa de asistencia financiera a un país que vive la crisis más grave de su economía en toda su historia. El Congreso promete tratar con algo más de demora la otra ley que se reclama como propia de un país que beneficia la actividad privada, la reforma de la figura de la «subversión económica» usada, para agravar esta crisis, por políticos y jueces irresponsables para hacer demagogia con la persecución de empresarios y banqueros.
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El proyecto, que contaba con media sanción de Diputados, restituye el sistema de «cram down» que permite que el acreedor o un tercero pueda asumir el control de una empresa quebrada y otorga mayores facultades al juez para la homologación de convenios.
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