En apenas un año, por uno u otro motivo, la jueza María Servini de Cubría ya se cargó a tres diarios de Buenos Aires. Por una información falsa sobre el sacerdote Julio A. Grassi allanó "Clarín". Por una nota publicada de presunta evasión impositiva -atribuida como denuncia inicial al ex banquero Raúl Moneta para quedarse con la propiedad del diario-allanó ahora "La Nación". Por unas notas críticas sobre su actuación judicial le inició juicio al diario Ambito Financiero. Le van quedando cada vez menos. Agreguemos a esto que al nuevo presidente, Néstor Kirchner, no le gusta la prensa a la que aspira a circunscribir a meramente "analítica del pasado". Esto es que los medios se enteren de las decisiones del gobierno cuando ya estén consumadas y las medidas salgan en el Boletín Oficial. O sea, no querría que se informe al público cuando una medida está en discusión, que es precisamente cuando la sociedad más necesita conocer. Ordenó tal silencio a sus funcionarios, olvidando, o interpretando a su manera, el aspecto constitucional de la necesaria " difusión de los actos de gobierno". Entre la jueza Servini de Cubría y el nuevo primer mandatario, hacer periodismo en la Argentina puede llegar a ser más sacrificado que ser corresponsal de guerra en Irak en el último conflicto.
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Muchos países -no necesariamente «nacionalistas» y aun los más democráticos y desarrolladosprotegen la bandera financiera de sus medios y aun la nacionalidad de sus propietarios titulares. Sería cavernario oponerse a eso en la Argentina, vistos los antecedentes internacionales.
El problema es LA FORMA que aquí se quiere emplear con este proyecto de ley -hoy de retorno al Senado-con algunas sanas modificaciones. De ser sancionada así no sólo beneficiará básicamente a un medio, «Clarín», sino que puede llevar a la extinción -en camino ya bastante avanzado-de casi toda la prensa en la Argentina.
Es fácil deducir por qué. Con esta ley se quiere prohibir que si un medio de difusión local se endeudó con el exterior y no puede pagar a sus acreedores se les impida a éstos -ilegalmentey violando toda seguridadjurídica con relación a cualquier país con democracia y justicia seria-que hagan efectiva su acreencia sobre los activos del deudor a más nivel de 30% (que es lo que se quiere permitir de capital extranjero). En teoría suena bien, pero ¿quién del exterior (o un banco extranjero aquí) le dará un crédito a un medio de difusión argentino con riesgo de perderlo (salvo 30%)? ¿Qué harán -haremos-los medios de difusión de la prensa gráfica cuyos insumos como rotativas de impresión, planchas, tintas, papel, equipos de tecnología, etc. no se producen en el país -para que les prestaran y pudieran ejecutar al incumplidory llevaría décadas tener establecimientos nacionales para «sustituir importaciones» de tal complejidad?
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