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Kirchner firmó un audaz decreto en relación con la administración de la salud. La norma, que en principio sólo se refiere a la región del Noroeste, prevé que las clínicas que prestan servicios a las entidades sindicales no traten cuestiones de dinero con los gremialistas, sino que cobren directamente sus cuentas de lo que recauda la AFIP. ¿Fin de la intermediación sindical? ¿Adiós al "retorno"? Hay que esperar al próximo encuentro de la cúpula de la CGT con el Presidente para saberlo. O al próximo paro, si es que la amenaza que planeaban ayer los gremialistas se vuelve efectiva.

Néstor Kirchner

La conversación entre Néstor Kirchner y la cúpula de la CGT, en la próxima reunión que el Presidente les conceda a los tres secretarios generales, tiene ya un tema de charla asegurado. El «débito automático». Así, de esta forma misteriosa, le llaman los gremialistas desde hace 48 horas al azote que les llegó desde la Casa de Gobierno. En efecto, antes de partir hacia Alemania, Kirchner firmó un decreto por el cual, entre otras reformas, se dispone una prueba piloto de nueva administración del sistema de salud para el Noroeste Argentino. Se trata de una norma que estimula la concentración de beneficiarios en grandes obras sociales, por lo menos en los casos en que estén afiliados en entidades que no cuenten con más de 5.000 beneficiarios.

Esto no es lo que más ofende a los capitostes de gremios. Lo que los tiene enardecidos es que ese decreto, del que tuvieron noticias una vez que ya estaba suscripto, prevé también que los prestadores de sus obras sociales ya no dependerán de que ellos, los gremialistas, libren un cheque (a veces tarde, a veces mal) para cobrar sus servicios. Ahora, por imperio de esta normativa, podrán recibir su ingresos por débito automático desde la misma AFIP que recauda los aportes de los afiliados a las «cajas» sindicales.

• Base necesaria

Aunque comience por el NOA, los astutos sindicalistas se dan cuenta de que esta eliminación casi total del papel de las obras sociales en la intermediación de los recursos de la salud está destinada a extenderse. Tal vez, hasta crear la base necesaria para el establecimiento de un seguro de salud que prescinda de los manejos sindicales. ¿Kirchner podría terminar así con una estructura frente a la que no se animaron Carlos Menem ni Eduardo Duhalde ni Fernando de la Rúa? Es lo que temen en la cúpula de la CGT.

De los triunviros que visitarán al Presidente, Susana Rueda será la única entusiasta con la medida. Ella pertenece a la Federación de Trabajadores de Sanidad, que conduce Carlos West Ocampo. Ese sindicato está interesado en mejorar los ingresos de las clínicas y sanatorios, de los que viven sus afiliados. Y un sistema de débito automático contribuye a ese fin. Por eso los demás gremialistas le imputan a West haber inducido a la firma de este decreto a través de su amistad con el ministro Ginés González García y de ambos con el radiólogo Norberto Larroca, el titular de la Confederación de Clínicas y Sanatorios de la República Argentina ( Confeclisa).

«¿Qué quieren que haga 'Carlín'?» ( nombre con que se conoce a West), se preguntó uno de sus amigos en la sede de la CGT ayer. «(Hugo) Moyano se llevó su negocio, el de los subsidios, al transporte, y (José Luis)

Lingeri se tragará Aguas Argentinas si se termina el contrato con los franceses, como puede suceder de un momento a otro. ¿No tiene derecho Susana a llevarse algo a cambio de su oficialismo?», razonó el mismo gremialista.

Los demás integrantes del secretariado de la central obrera no son tan contemplativos. Creen que el decreto de Kirchner y González García es una declaración de guerra. Por eso ayer, en una reunión informal de los principales jerarcas, se pactó que, si no hay una respuesta alentadora del Presidente, se convocará a un Comité Central Confederal para comenzar a pensar en medidas de fuerza.