Cartoneros, ayer a las trompadas para defender a Macri

Personal de seguridad de la Legislatura porteña debió intervenir ayer para detener a cartoneros durante la audiencia pública por la recolección de residuos que embistieron contra una diputada kirchnerista.

Una decena de cartoneros se enardeció ayer en la audiencia pública que se realizó en la Legislatura porteña, cuando los oradores manifestaban rechazo al proyecto de ley de Mauricio Macri que cambia la modalidad de concesión del sistema de recolección de residuos de la Capital Federal.

No se imaginaba el kirchnerismo, que es oposición en la Capital Federal, que el PRO oficialista lo aventajara en mañas al punto de provocar un escándalo.

Uno de los puntos polémicos del proyecto es dejarles de pagar a las empresas recolectoras por «zona limpia» y pasar a abonarles el servicio con un precio por cada tonelada recogida. Los ambientalistas aseguran que no se cumple así con otra ley, la llamada de Basura Cero, que promueve disminuir los residuos a través de la recuperación de la mayor cantidad posible de ellos. Ese trabajo lo realizan informalmente los cartoneros, en una actividad nocturna que provoca el desparramo de la basura porteña, especialmente en el centro, y es una de las preocupaciones de Macri, quien quiere erradicar esa práctica.

Para discutir ése y otros aspectos del proyecto, se anotó ayer cerca de un centenar de oradores, dentro de los cuales un gran número aprovechaba la tenida para manifestaciones políticas, cuando la esencia de esos encuentros es promover la participación de los vecinos.

Desde el ultraizquierda, el kirchnerismo, ex y actuales funcionarios se dieron cita en el pomposo Salón Dorado de la Legislatura, donde detrás de una gran mesa de estilo presidió la audiencia el macrista-peronista Cristian Ritondo, junto con los legisladores Sergio Abrebaya ( Coalición Cívica), Pablo Failde y Graciela Cerruti del kirchnerismo y, entre otros, Marta Varela de Recrear.

Ritondo daba la palabra y así comenzaron las declamaciones en una seguidilla de anotados críticos a Macri, como los representantes de Greenpeace que anteayer colgaron un cartel en el Obelisco a modo de rechazo de la norma.

Pícaro, Ritondo salteó el orden para darle la palabra a un cartonero antes de tiempo e impedir que la defensa del proyecto quedara sólo para el último tramo. Allí interrumpió Cerruti para reclamar porque se respete el orden de la lista y entonces más de una decena de representantes de cooperativas de cartoneros -ofuscada por la interrupción- comenzó no sólo a gritarle todo tipo de improperios a la legisladora, sino también a acercarse a la mesa, ayudados por la izquierdista Vilma Ripoll que alzaba la voz en defensa de los recicladores. Inmediatamente se movilizó el personal de seguridad de la casa para tratar de detenera los furiosos recicladores que aseguraban que el con el gobierno de Macri continuará su actividad y que estaban a favor de los cambios. La confusión obligó a Ritondo a ponerse de pie para pedir orden, mientras los cartoneros forcejeaban con el personal de seguridad y disparaban trompadas.

Esas organizaciones vienen trabajando con el Ministerio de Espacio Público que conduce Juan Pablo Piccardo. Desde el área les comenzaron a facilitar camiones para el traslado de materiales a reciclar y les aseguran que la tarea continuará en mejores condiciones, con obra social provista por el Estado porteño, ropa de trabajo y centros de acopio que evitarían que la clasificación se realice en la calle.

«Nosotros no les vamos a regalar la basura a las empresas, que se llevan $ 73 millones y la mayoría de los residuos los llevamos nosotros. Nuestra actividad va a seguir», manifestaron los recicladores en la sala de audiencia, convertida en un ámbito de enfrentamiento político más que de pensar cómo mantener la Ciudad más limpia y a menor costo.

«Fue un reclamo para ordenar la audiencia porque lo que hizo Ritondo fue mandar a ' patotear' a los de Greenpeace, y la verdad es que el clientelismo político macrista es tan malo como el de cualquier otra fuerza política», afirmó Cerruti.   

«Cambalache»

«Queremos echar luz sobre el cambalache abierto en la discusión de los recuperadores urbanos. Acá hay algunos que no tienen altura moral para hablar de este tema. El cuidado del medio ambiente es integral; nosotros somos trabajadores que no queremos estar en ese pliego, vamos a luchar por nuestros derechos», dijo Alicia Montoya, de la Cooperativa El Alamo, a quien, como al resto ya el kirchnerismo reconoce como «los cartoneros macristas». Es que la oposición pide que en el proyecto de ley de concesión del servicio se incluya la actividad de los cartoneros, pero el gobierno dice que para eso está la mentada norma de Basura Cero, cuyo mentor, Juan Manuel Velazco, ex ministro de Telerman, también participó ayer de la tenida.

Entre los funcionarios presentes estuvo Miguel Pesce, actual vicepresidente del Banco Central y ex ministro de Hacienda de la Capital Federal en tiempos de Aníbal Ibarra. El radical K señaló que «resulta llamativa la omisión en el pliego el hecho de que todo oferente debe presentar el Certificado Fiscal para contratar que emite la AFIP». En una lectura minuciosa de la presentación de Macri, Pesce también reclamó porque considera que el proyecto no es claro y puede generar conflictos entre las empresas y los cartoneros, ya que no define la convivencia de los dos sectores.

Failde dijo que el pliego «es un cachivache, sólo garantiza un excelente negocio para las empresas que no arriesgan nada y obtienen todo».

«Es la patria contratista», declamó Marcelo Ramal, dirigente del Partido Obrero.

A su turno, otro ministro de Telerman, Marcelo Vensentini, salió con la propuesta de licitar la recolección en toda la Capital y eliminar la actual zona que operan los empleados municipales en el sur porteño.

Ripoll calificó el proyecto de ley del Ejecutivo como «el de un Estado bobo que trabaja para tres vivos», refiriéndose a las tres zonas que se licitarán a cambio de las cinco actualmente concesionadas. Se sumó María José Lubertino, otra funcionaria nacional (titular del INADI), que suele arribar a la Legislatura en ocasiones polémicas (lo hizo durante una interpelación al ministro de Educación, por ejemplo) para pedir directamente que los diputados «archiven el proyecto».

Finalmente, Ritondo, presidente de la Comisión de Obras y Servicios Públicos, consideró que «éste es un hecho histórico para esta Legislatura, ya que es la primera vez que se hace uso de la facultad que nos otorga la Constitución, como es la audiencia pública sin que sea obligatorio para esta materia».