El gobierno hizo lo imposible ayer por ponerle una mordaza a la crisis que reveló la renuncia del ministro de Economía de Felipe Solá: es la segunda crisis política que se produce en las relaciones entre la Nación y la provincia de Buenos Aires desde la salida de Juan José Alvarez del Ministerio de Seguridad. Aquella vez fue por la imparable ola criminal, que hizo estallar las relaciones entre el gobernador y Néstor Kirchner, quien impuso en esa cartera a León Arslanian.
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Esta vez, la crisis manifiesta otro round de una guerra de fondo que libran los distritos desde hace 20 años: la forma y el monto del reparto de la recaudación de los impuestos, distorsionado por la ausencia de una nueva ley de coparticipación pendiente desde 1994.
Gerardo Otero se va porque dice que la Nación mete mano en las finanzas provinciales al ordenar aumentos docentes que no se pueden pagar con el actual Presupuesto. Tampoco la Nación ha respondido a los recurrentes reclamos de aumentar la cuota del reparto fiscal. ¿Qué dice Solá? Que Otero tiene razón y, encima, explica que el malestar del ministro por esos destratos lo conocía de antes. De hecho, el gobernador fue víctima de ese mismo sistema en múltiples ocasiones: el propio Kirchner le niega aumentos en la coparticipación y luego Economía lo condiciona por el déficit provincial.
¿Cuánto pasará antes de que Solá se suba a la pelea él mismo? Concedió el aumento de los docentes el viernes porque, explican sus voceros, no tenía más remedio y porque, si no, no comenzaban ayer las clases en el distrito más grande del país. Otero le dice que no se va a poder pagar y él lo autoriza igual, seguramente para presionar hasta lo insoportable sobre la Nación para que suelte los fondos que le aseguren al gobernador el mejor fin de su mandato. «Otero les dijo la semana pasada a Alberto Fernández y a Felisa Miceli que no se podía pagar el aumento que anunció Daniel Filmus», cuentan en gobernación. La respuesta del gabinete Kirchner fue: «Otero no entiende que hay una orden política de pagar ese aumento y que se va a pagar». Portazo.
¿Y Scioli? El vicepresidente y candidato a gobernador es también destinatario del mensaje; la herencia que recibirá incluirá ese tormento de la desatención del gobierno nacional y el compromiso del aumento a los docentes que motivará reclamos crecuotacientes del resto de los trabajadores del sector público. Estos han tomado nota de que el gobierno da aumentos bajo presión de huelgas y los justifica en razones políticas, sin atender a las necesidades de la caja. El peor de los infiernos para un gobernante.
Reproches
El malestar en las relaciones entre Kirchner y Solá es un dato conocido del último mes. El Presidente dedicó duros reproches al gobernador en la fiesta de cumpleaños hace diez días en Olivos. El gobernador se había derramado en críticas a Kirchner en una reunión con empresarios que siguió al acto de celebración del aniversario de la fundación de la ciudad de Pilar. «Los legisladores del Presidente me voltearon el impuesto a la riqueza, me voltearon la reforma penal. ¿Qué puedo hacer?», se le escuchó. El mejor papel de Solá es cuando encarna el sufrimiento del funcionario. Coronó el pastel el acto de lanzamiento de Cristina de Kirchner en Sarandí ese mismo fin de semana: le pidieron del gobierno que pagase la factura de gastos, pero le indicaron que no fuese: «Es una fiesta de Daniel, no tuya», le advirtieron.
Con ese cuadro, ¿por qué no cantar la violeta y dar un aumento a cuenta de un bolsillo vacío? Ni el gobernador que se va ni el vicepresidente que viene tienen la fuerza que tuvo Eduardo Duhalde en 1991 para reclamarle a la Nación lo que fue el Fondo del Conurbano. Esa cuenta extra que Buenos Aires le arrancó al resto del país entre 1992 y 1996 la exigió Duhalde como pago del apoyo que había dado el peronismo en 1989 al triunfo de Carlos Menem y como condición para ser candidato a gobernador de la provincia en 1991. Esa cuenta se integró con una detracción de 10% del Impuesto a las Ganancias y se quiso justificar en que el distrito había sufrido una reducción de su de coparticipación en la ley Alfonsínde 1988 y que el conurbano bonaerensehabía recibido a todo el pobrerío que había emigrado de las provincias. Ese aporte implicó casi $ 700 millones anuales extra para la provincia y duró hasta 1995, cuando Cavallo le puso un límite de $ 600 millones que sigue hasta hoy. Han fracasado hasta hoy todos los intentos políticos, técnicos y judiciales para saber cómo se gastó ese Fondo, uno de los triángulos de las Bermudas de la Argentina contemporánea. «Sin ese techo que le puso Cavallo al Fondo, la provincia recibiría hoy unos $ 3.000 millones por año y no tendríamos ningún problema», se quejó ayer Otero en la despedida.
Solá fracasó en lograr algún cambio; menos en una reposición de ese fondo que Kirchner ha calificado como «una verdadera vergüenza y un verdadero atraco de fondos para todas las provincias argentinas» (textual de junio del año pasado). Tampoco Kirchner ha querido ceder el sistema discrecional de reparto de fondos que creó al asumir para discutir una nueva ley de coparticipación. Entre los reproches que le hizo al FMI en el momento de pagar la deuda en 2005, incluyó el reclamo del organismo de que el país vote una nueva ley de coparticipación.«Esa ley nunca se votará en la Argentina», llegó a decir.
Barbas en remojo para Scioli porque la renuncia de Otero y la verónica de Solá le trasladan a él el testimonio en la pelea por más fondos para la provincia. La crisis, además, hace caer al último representante de una dinastía de administradores de la economía de los gobiernos peronistas que se inició con Rodolfo Frigeri y siguió con Jorge Remes Lenicov y Jorge Sarghini. También barbas en remojo para Kirchner porque esta crisis deja a Solá en carne viva y listo para alguna de las grandes maniobras con las que ha jalonado su vida política. En estado de mucha menor necesidad rompió con Cavallo, con Menem, con Cafiero, con Duhalde, con Ruckauf. Va a dar que hablar.
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