El ministro de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O`Connor, sobre quien pesa un dictamen de la Comisión de Juicio Político de Diputados que promueve su acusación por mal desempeño de sus funciones, tiene tiempo hasta mañana a las 11,30 para realizar su descargo por cinco acusaciones adicionales formuladas en su contra.
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Por ese motivo, la atención de la reunión de la comisión encabezada por el justicialista Ricardo Falú convocada para mañana a las 11 estará centrada en la espera del descargo del juez del alto tribunal, quien puede optar por ejercer su derecho a la defensa por escrito, tal como lo había hecho con los diez cargos que dieron origen al dictamen acusatorio emitido en su contra la semana pasada, o personalmente mañana.
Sin embargo, fuentes de la defensa confirmaron hoy que el ministro, sobre quien puso la mira la Cámara baja luego de la acusación y posterior renuncia del ahora ex miembro de la Corte Julio Nazareno, volverá a inclinarse por efectuar su descargo por escrito y en una tónica similar a la empleada en su anterior descargo, en la que cuestionó duramente la tarea de la comisión.
En este marco, los informantes señalaron que el plazo previsto para la presentación del escrito vence a las 11,30 -la hora señalada para su eventual presencia- pero dejaron abierta la posibilidad de que el descargo sea llevado esta misma noche a la Comisión de Juicio Político por los abogados defensores del ministro, Gregorio Badeni y Eduardo Aguirre Obarrio.
En oportunidad de la anterior defensa (el 17 de julio pasado), el ministro de la Corte, en un escrito que ocupó 230 páginas, había considerado que el proceso iniciado en la Cámara baja en su contra se encontraba "fuera de todo marco constitucional y legal" y que era "violatorio de las garantías del debido proceso y de la defensa", y "aniquilador de la independencia del Poder Judicial".
Ahora, el ministro de la Corte deberá responder los cinco cargos provisorios formulados en su contra el último jueves a la luz del análisis de las pruebas correspondientes al llamado caso Leiva y a la supuesta presión que habría ejercido sobre tres secretarios de la Corte que el año pasado testimoniaron ante la comisión, en el marco del luego frustrado proceso de juicio político contra los entonces nueve miembros del alto tribunal.
En tanto, los diez cargos provisorios a los que respondió en su primer descargo y que constituyeron la base del dictamen acusatorio emitido el jueves último -que sería tratado en el recinto el miércoles próximo según lo acordado entre los bloques- surgieron de los llamados casos Meller, Macri y Magariños y todos ellos se encuentran encuadrados en su presunto mal desempeño.
El dictamen aprobado la semana pasada -de 365 páginas- aconseja al pleno del cuerpo la destitución del ministro por esa causal, prevé -tal como lo establece el reglamento- la conformación de una comisión de diputados que sostenga la acusación ante el Senado, e instruye a esa comisión a "gestionar la suspensión inmediata" del juez, mientras se sustancie el juicio.
También, la semana pasada, la Comisión de Juicio Político dio dictamen a un proyecto de resolución propuesto por el radical Juan Mínguez -que sería tratado en el recinto también el 13- que solicita la destitución del juez federal Norberto Oyarbide y del fiscal general Carlos Sáenz por "presión indebida a legisladores" y por "ignorancia del derecho".
Tanto el dictamen acusatorio como el proyecto de resolución para promover las destituciones de Oyarbide y de Sáenz fueron aprobados por todos los legisladores presentes en la reunión de la comisión, a excepción de la diputada menemista Alejandra Oviedo, quien, en soledad, volvió a cuestionar duramente el trabajo de la Comisión de Juicio Político.
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