Movimientos en la Cámara, vaivén de un concurso clave, Vicentin y el espionaje en busca de ambulancia

Política

Madura en el oficialismo la idea de hacer cambios en el tribunal más estratégico de Comodoro Py. El cambio choca con problema sistémico: concursos, mismo Talón de Aquiles para reforma judicial. Peor semana judicial para Gobierno, mientras Arribas-Majdalani esperan un salvavidas desde Retiro.

En plena trama de espías y espiados y tras el bajo perfil que impuso la pandemia comenzó a haber movimientos imperceptibles en la Cámara Federal de Comodoro Py. En un sector del Gobierno comenzó a madurar la idea de devolver a sus sitios originales a los camaristas “trasplantados” por el gobierno de Mauricio Macri a ese estratégico tribunal, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi.

El procedimiento para revertir el traspaso es similar al de su designación, lo que los coloca a tiro de un decreto que los regrese al Tribunal Oral Federal N°4, de donde ambos provienen. Pero esa misma ala del oficialismo medita las consecuencias de dejar solo con dos jueces titulares el tratamiento de las apelaciones que provengan de los 12 juzgados federales de Retiro. Con ese movimiento, se empoderaría el camarista Mariano Llorens, quien tras un demorado concurso llegó con el papelerío en regla a mediados de 2018. Las acciones de Martín Irurzun cotizan a la baja para renovar una vez más la presidencia de la Cámara, en un contexto político distinto y con la depreciación de la “doctrina” a la que le puso su copyright para justificar prisiones preventivas.

Pero la jugada es mirada con desconfianza por la propia Cristina de Kirchner, quien mira con recelo a Llorens por la escudería que auspició el tramo final de su llegada a ese sitial, la del siempre influyente abogado radical Darío Richarte. El ex N°2 de la entonces Secretaría de Inteligencia bajo el gobierno de Fernando De la Rúa forjó una alianza eficaz con Daniel “Tano” Angelici que en los últimos cuatro años le permitió recuperar bastante del sistema de lealtades que dejó vacante el auditor Javier Fernández y que coincidió con la salida del espía Antonio Horacio Stiuso de la ex-SIDE. Cristina –por obvias razones- no tolera nada que le recuerde a Stiuso ni a su poderosa red de influencias. Espera gestos de “desmarque” para dar su venia.

Pese a que podía haberlo hecho, a pedido del fiscal Guillermo Marijuan, Llorens marcó prudencia ante el reclamo de Comodoro Py para que toda la causa de espionaje ilegal pase de Lomas de Zamora a Retiro. Calificó de “hechos escindibles”, el que investigaba en su momento Federico Villena y el que llevaba dos años de trámite sin avances con la amenaza al ex-AFI José Luis Vila. Dejó gusto a poco para quienes intentan arrastrar toda la causa a Comodoro Py.

El dilema de la Cámara sigue siendo cómo cubrir las vacantes con concursos que ya están empezados pero que manejan un calendario extraño para la política. El proceso de selección de jueces es, en el fondo, el eje de la “reforma judicial” que preocupa a Alberto Fernández. Sigue sin haber ningún proyecto armado, sino que persiste el intento de encastrar piezas que amalgamen enfoques e intereses que importan a cada sector de la coalición gobernante con necesidades reales. Las posibilidades de un Frankenstein habilitaron la idea de fraccionar las iniciativas en tramos. Como sea, se precisa un sistema de concursos expeditivo (y si es posible transparente). Con años luz para llegar todavía a una definición, el orden de mérito provisorio para ese concurso arrojó un podio integrado por el juez penal económico Diego Amarante, el abogado Roberto Boico y el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla. Ese último parece un número puesto para la Cámara. Sin embargo, el otro lugar que disputa es igual de estratégico: el juzgado federal N°1 de La Plata. Un par de meses atrás, en una reunión del Consejo de la Magistratura donde se iba a allanar el camino para que Laureano Durán (propuesto en su momento por María Eugenia Vidal y avalado por el PJ) se quedara con el juzgado electoral más importante de la Argentina, hubo un llamado telefónico que hizo poner pausa a las gestiones. No se alcanza a comprender cómo con cuatro potenciales vacantes para cubrir, el concurso no haya despertado mayor interés.

Quien se resigna a haber perdido chances después de haber sido un número puesto durante la era Cambiemos para ese mismo cargo es Julián Ercolini. Lejos en el orden de mérito provisorio no olvida que fue mencionado varias veces con letras de molde en “Sinceramente”, una suerte de listado a lo “Kill Bill” de Cristina. Pero la suerte no lo abandonó del todo. Junto también al fiscal Gerardo Pollicita recibieron de regalo la denuncia por los créditos irregulares del Banco Nación y el desfalco de Vicentin, principal aportante de campaña de Juntos por el Cambio que planteó un denunciador crónico de Comodoro Py que esta vez la pegó. A interlocutores de su entorno, ambos dijeron que piensan replicar una investigación similar a la de Oil Combustibles para mostrar que no hubo criterios arbitrarios. La causa Vicentin no tiene nada que ver con la de la petrolera, pero aspira a fungir como cobertura si es que alguien comienza a escrutar seriamente el comportamiento del juez atento al cúmulo de irregularidades que emergiendo en torno al modo en que se direccionó la investigación en sintonía con el objetivo político del PRO de desguazar sus activos. La jueza María Servini puso la mira en los intercambios telefónicos de Macri en momentos clave ¿Podría surgir de allí alguna comunicación con algún operador judicial que a su vez se comunicaba con magistrados? Servini podría pedir también el listado de ingresos a la Quinta de Olivos en fechas concordantes. Sobre todo, los días de fútbol o paddle.

El Gobierno tuvo su peor semana judicial. Pasó de tener al secretario de Macri, Darío Nieto negando de forma nerviosa su vínculo con el espionaje a tener que explicar cómo no había tenido nada que ver con el crimen de Fabián Gutiérrez. En esos mismos días, el contencioso administrativo federal dijo que quien debe validar el DNU presidencial de intervención a Vicentin no es el poderoso fuero de la gobernabilidad que comanda Sergio Fernández sino el del juez federal multifuero de Reconquista, el ex-AFIP Aldo Mario Alurralde, especialista en derecho administrativo y tributario. El impasse en el pasaje de las escuchas de la órbita de la Corte de regreso a la Procuración puede también leerse como una claudicación. Fue la misma Bicameral (que ahora las monitorea) la que rescató el rol de la Dajudeco cuando comenzó el festival de filtraciones.

En el camino, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani acudieron a Comodoro Py en busca de una ambulancia que los recoja de Lomas de Zamora. La estrategia quedó marcada apenas el macrismo salió de la sorpresa. La jueza María Eugenia Capuchetti quedó en el centro de las miradas porque en 24 horas concentró dos causas relevantes: el pedido de Arribas para que Comodoro Py arrebate la causa de espionaje a Juan Pablo Augé, el sucesor de Villena y la pesquisa sobre la Mesa Judicial que involucra a Arribas y a Angelici. Pese a que el “Tano” pretende atribuirse el impulso para su llegada como jueza federal, la magistrada tiene muchos otros soportes, incluida la Asociación de Mujeres Juezas, una trayectoria respetada entre los judiciales y tuvo en su momento el guiño de al menos dos de las víctimas del espionaje ilegal. En Casación miran el tironeo desde un dron: será ese tribunal el que defina dónde queda radicada finalmente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dejá tu comentario