Compensa Kirchner a Macri y le traspasa la Policía y los fondos

Entre Néstor Kirchner y algunos de sus contradictores -Mauricio Macri, por ejemplo-hay menos inquina de la que se muestra hacia afuera, o de la que creen algunos de los entornistas de ambos. Lo prueba la negociación que navega sin luces hacia la firma final de un traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires con eso que se le ha negado a Macri hasta ahora: los fondos para que funcione. La Nación le cedería por un año los dineros para que asuma el control de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, una fuerza de 17 mil hombres. En ese año se discutirá si el dinero es de la Capital o no, o cómo la Nación se lo compensará con modificaciones a la Ley de Coparticipación (la Ciudad aporta 24% de la masa fiscal y recibe sólo 1,4%). Los gerentes del acuerdo son Aníbal Fernández y el futuro ministro de Seguridad y Justicia porteño, el ex juez Guillermo Montenegro, quien antes falló por el envío de una causa por enriquecimiento de Néstor Kirchner a Río Gallegos, donde se archivó. También, al renunciar al cargo para irse con Macri, dejó sin juez la caliente causa Skanska, que le costó ya dos funcionarios al gobierno que termina.

Mauricio Macri podrá ejercer el mando sobre los 17 mil policías destinados por la Federal en la Ciudad de Buenos Aires si prospera el acuerdo negociado por su futuro ministro Guillermo Montenegro y el titular de Interior Aníbal Fernández. Le darán plata por un año.

En el primer gesto de una cohabitación hasta ahora negada por los protagonistas, el gobierno Kirchner -éste o el que viene -hará el traspaso a la administración de Mauricio Macri de parte de la Policía para la Ciudad de Buenos Aires, pero con los fondos para pagarla durante el plazo de un año. Tras la firma de un convenio que ya ha autorizado el Congreso cuando derogó el art. 7° de la llamada ley Cafiero que achicaba la autonomía del distrito federal consagrada por la Constitución reformada en 1994, Macri tendrá el comando de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, que integra a las comisarías porteñas una fuerza que vigila la seguridad en la Ciudad alrededor de 17 mil hombres. El costo de esa fuerza está calculado en unos $ 900 millones por año (según el gobierno), pero Macri calcula esa erogación en $ 750 millones según lo que reclamó en reuniones privadas con Néstor Kirchner y lo que dicen algunos estudios técnicos que le prepararon sus expertos en la materia.

El acuerdo, negado hasta ahora por la Nación, tiene dos responsables directos, que pese a militar en veredas enfrentadas, tienen buena relación. Se trata del futuro ministro de Justicia y Seguridad de Macri, el ex juez Guillermo Montenegro, y el ministro del Interior (y futuro de Justicia y Seguridad de la Nación) Aníbal Fernández. No sólo mantienen una excelente relación, sino que tienen el mismo origen. Uno como ministro y otro como juez federal, cargo al que llegó luego de pasar todos los ritos de iniciación como magistrado del kirchnerismo, es decir, los exámenes de la familia Kirchner y sus asesores judiciales.

Explicación

A esa relación de Montenegro con el gobierno remiten en el macrismo este acuerdo que sería uno de los primeros anuncios de Cristina de Kirchner al asumir como presidenta, quizás en el discurso que dirá al 10 diciembre ante la Asamblea Legislativa.

También a la relación de Montenegro con el kirchnerismo se explica la aceptación del cargo con Macri, con lo cual la delicadísima causa Skanska -que ya le ha costado dos funcionarios a Kirchner-quedó sin juez. Antes, Montenegro encontró argumentos para enviar una causa por presunto enriquecimiento ilícito de Kirchner a un juez de Río Gallegos en cuyas manos duro menos -como se dice en la cordillera-que un pelado en la nieve. Fue al archivo en el acto.

La cesión de esos fondos -negados por Néstor y Cristina de Kirchner con el argumento de que afectarían la porción de los impuestos que le corresponden de la Nación-sería sólo por un año, de manera que Macri pueda comenzar a gobernar con una fuerza policial propia. Según los términos del acuerdo que estudian Nación y Macri para firmar, ese traspaso de la Metropolitana no incluirá ni la Guardia de Infantería -unidad de protección que seguirá dependiendo de la Policía Federal-ni la comisaría que tiene sede en la Casa de Gobierno y que atiende el primer cerco de la seguridad presidencial.

La firma de este convenio le permitirá al gobierno nacional hacer un gesto de acercamiento a Macri, quien prospera en la opinión pública de la Capital Federal cuando se queja de la intransigencia kirchnerista en acceder al pedido. Esos reclamos sin respuesta no ayudan a la imagen del gobierno que viene, que busca mostrar un rostro menos áspero ante el público que no lo votó mayoritariamente.

El argumento de Macri es que no se puede gobernar sin la Policía, que la estrategia contra el delito está equivocada y que los costos los terminará pagando él como gobernante electo. Si no le dan la Policía, argumenta, el gobierno nacional atenta contra la gobernabilidad en el distrito.

Los argumentos del gobierno Kirchner, expresados por los presidentes Néstor y Cristina, son que el dinero para pagar la Policía Federal lo aportan las provincias y si se lo dan a Macri, tendrían derecho a reclamar que les pague su Policía. Desde el macrismo responden que los gastos de la Federal surgen de la asignación primaria de fondos de coparticipación a la Nación y no les restarían nada a las provincias si se los afectase a Capital.

Intangibles

En la decisión del gobierno pesó también la idea de que no es sostenible que se vuelquen subsidios a tarifas de servicios públicos y de transportes de manera concentrada sobre la Capital Federal y el Gran Buenos Aires por varios miles de millones de pesos al año y que se le niegue el pago de la Policía en medio de una ola imparable de inseguridad. Que Macri tuviera la Policía, entienden en Casa de Gobierno, liberaría a la administración nacional del costo político de las quejas por inseguridad. Macri se compraría un problema que no tiene. Del lado de macrismo -en donde tampoco hay criterio unánime sobre que deba asumir la seguridad- responden que al final siempre el intendente termina pagando en votos los costos de estas responsabilidades ajenas.

Este traspaso con dinero para un año le da algo más sentido al ministerio de Montenegro, que junta Justicia, Seguridad y Emergencias, pero que no tiene Policía, no tiene más que una Justicia de menor cuantía y encima no maneja el poderosísimo sector de control comunal y habilitaciones. Macri se lo sacó para dárselo a una agencia descentralizada que manejará Federico Young.

Y están además los intangibles que se manejan cuando se habla de Policía y que no figuran en ningún acuerdo. Primero, el rubro de las infracciones de tránsito que cobra la ciudad con el auxilio de la Policía y que genera fondos millonarios que se coparticipan sin discusiones entre Nación y Capital. Ni qué decir de otros intangibles e inconfesables que acompañan a la noble tarea de vigilar al prójimo pero que hacen girar la rueda, aquí y en todos lados, que deberán ser también materia de acuerdo para que nadie se quede afuera.