Congreso: juego doble a Nazareno

El Congreso se dedicó ayer a avanzar sobre la Corte, en un virtual juego de pinzas. Mientras los diputados de la Comisión de Juicio Político se juramentaron a seguir acumulando cargos contra Julio Nazareno (es decir, producir bajas entre los ministros), los senadores de Asuntos Constitucionales -dirigidos por Cristina Fernández de Kirchner- acordaron un mecanismo «transparente» para cubrir vacantes en el máximo tribunal.

La senadora santacruceña logró consenso para establecer un sistema de audiencias públicas para aprobar al candidato del Ejecutivo a convertirse en juez de la Corte. En el 2002, había intentado una modificación al reglamento de la Cámara alta en ese mismo sentido, pero sus colegas del bloque PJ la boicotearon. Hoy todos comparten la misma trinchera oficialista y atrás quedaron las habituales disidencias de Cristina de Kirchner con el peronismo oficial.

Los diputados están obsesionados con bajar al recinto un expediente bien fundamentado contra Nazareno y así evitar cualquier cuestionamiento formal o legal al procedimiento. A cambio, están dispuestos a pagar el precio de postergar el enjuiciamiento que impulsó en persona Néstor Kirchner.

En diálogo con periodistas, el presidente de la comisión, Ricardo Falú, comentó que el trabajo en comisión llevará « una o dos semanas» más, razón por la cual arribará la acusación al hemiciclo « hacia mediados o fines de julio». En principio, se había mencionado la primera quincena del mes siguiente como fecha tentativa.

• Nuevas causas

En la misma deliberación, se anexaron, por unanimidad (incluso con aval menemista), 4 causas a la embestida anti-Nazareno, abierta la semana pasada con el denominado «caso Magariños», cuya auto-ría se atribuye Elisa Carrió. A continuación, el resumen de las carpetas que se acoplaron:

• Los peronistas Eduardo Di Cola y Jorge Obeid reprocharon a Nazareno declaraciones a la prensa que -a juicio del cordobés y el santafesino- significaron una implícita presión a los otros poderes del Estado, además de conceptos inadecuados en boca de un ministro del máximo tribunal.

• El radical Carlos Iparraguirre aludió a presuntas irregularidades en el denominado caso Meller. Nazareno habría convalidado -según el legislador- «un despojo al patrimonio estatal» de casi u$s 30 millones en pagos a aquella empresa contratista de la ex ENTel.

• Por el caso Macri, se le achaca al juez no haber hecho un análisis a fondo de una causa que disponía la absolución de Franco Macri y otros imputados por la comisión de presuntos delitos de evasión fiscal y contrabando.

• Finalmente, se le dio curso a una presentación de los aristas Graciela Ocaña y Atilio Tazzioli, que le adjudicaron supuesto « prejuzgamiento» cuando Nazareno adelantó en noviembre, y en forma pública, su posición en favor de la inconstitucionalidad del «corralito».

Por la tarde, ingresaron a la comisión otros documentos contra Nazareno que serán estudiados la semana que viene. El peronista de Córdoba, Guillermo Johnson, redactó una carga por presuntas presiones a tres secretarios de la Corte que dieron testimonio en la comisión sobre la investigación del atentado contra la Embajada de Israel. Según el vice de Juicio Político, al presidente del máximo tribunal podría adjudicársele supuesto « entorpecimiento» en la pesquisa realizada por los diputados el año pasado.

El socialista Héctor Polino, a su vez, planteó su inquietud por los casos «Riveros, Santiago Omar y otros» y «Dromi, José R. sobre avocación en Fontenla, Moisés contra Estado Nacional». Según Polino, el titular de la Corte « llegó al extremo de negarles a los particulares ofendidos (asesinados y torturados) o a sus deudos el derecho a ser parte querellante» en el proceso al general Riveros. El otro expediente se refiere a la aplicación del per saltum en la privatización de Aerolíneas Argentinas. El hombre del PS en Juicio Político subraya que Nazareno « entendió, contrariamente a lo que dispone la ley procesal, que la Corte podía intervenir sin siquiera analizar si procedía el recurso extraordinario».

La Democracia Progresista, por su parte, lanzó anoche un proyecto de ley para disminuir de manera progresiva el número de integrantes de la Corte. El porteño Rafael Martínez Raymonda (autor) y el santafesino Alberto Natale, entre otros firmantes, establecen que los cargos no se cubrirán en caso de fallecimiento, renuncia o destitución hasta llegar al quinteto de magistrados. Algo que no resulta muy simpático a oídos del gobierno nacional. Mientras tanto, las causas serán tratadas por 5 jueces que serán sorteados entre los que sigan en funciones.