No hubo euforia ayer en los bloques kirchneristas del Congreso a la hora de apoyar el acto de asunción de Néstor Kirchner en el PJ en el estadio de Almagro. De todas formas, los diputados que siguen a Agustín Rossi se encolumnaron para marchar juntos al acto, mientras en el Senado el operativo tuvo que ser conducido por José Mayans ante la ausencia de Miguel Pichetto que por esas horas estaba internado, víctima de un cólico renal. De todas maneras, no puede afirmarse que hubiera asistencia completa. Los senadores están hoy más preocupados en calmar las protestas dentro del propio peronismo que en agradar a la Casa Rosada.
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El problema no sólo fueron las protestas internas que hoy complican a los bloques y que insumen buena parte día a los jefes que deben calmarlas, sino el ambiente de deliberación continua que se vive por estos días en el Congreso en torno a la crisis con el campo.
Un ejemplo fue el proyecto que presentó el salteño Juan Carlos Romero en el Senado. Allí pide una reducción de retenciones a las exportaciones de soja a 35%, con una escala de reducción gradual que en tres años debería llevarlas a un techo de 20%. Además se pide que en ese lapso se fije una distribución más equitativa de la recaudación de esos impuestos a la exportación de granos fijando un porcentaje para la Nación, otro para distribuir entre las provincias de acuerdo con el índice de necesidades básicas insatisfechas y 20% final para inversiones en el sector agrícola.
Romero, obviamente, fue uno de los peronistas del Senado que ayer no estuvieron en el acto de asunción de Néstor Kirchner como nuevo jefe del PJ. El proyecto de Romero es inaceptable hoy para el kirchnerismo en el Senado, pero nadie olvidó ayer que existieron ya algunas señales entre la oposición y el oficialismo sobre caminos alternativos para analizar por ley algún cambio en la Resolución 125 del Ministerio de Economía que estableció las retenciones móviles.
Estrategia
El planteo del salteño se suma a la estrategia que la oposición y el peronismo disidente consagraron el martes pasado en la audiencia pública que organizaron en el Salón Azul del Congreso junto a las cuatro organizaciones que representan al agro.
Ayer el jujeño Gerardo Morales comenzó a activar el procedimiento para lanzar la recolección de un millón de firmas para avalar una ley de derogación de la Resolución 125. Ese pedido tiene el apoyo de la Coalición Cívica, el socialismo, el PRO y peronistas disidentes, como el bloque de Adolfo Rodríguez Saá o Hilda Chiche Duhalde.
Anoche los radicales se reunieron para armar la estrategia conjunta en la que el PJ no kirchnerista también tendrá su lugar: «Tan mal está el gobierno kirchnerista que el acto ha sido un fracaso. El matrimonio no ha podido ni siquiera movilizar a los piqueteros rentados para llenar la cancha. El final, además, ha mostrado claramente el estilo violento del gobierno», dijo el presidente de la UCR.
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