El Consejo de la Magistratura aprobó en el plenario quincenal de la semana pasada la devolución de ciertas atribuciones a la Corte Suprema de Justicia, que habían sido delegadas al Consejo cuando el máximo tribunal fue presidido por Enrique Petracchi.
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Tanto el archivo del Poder Judicial como las oficinas de mandamiento, de notificaciones y el cuerpo de auditores de la Justicia fueron delegados nuevamente a la Corte, aunque los consejeros decidieron crear su propio grupo de auditores paralelos. También aprobaron la creación de una Secretaría de Asuntos Jurídicos.
Lo curioso es, sin embargo, cómo el radicalismo y el kirchnerismo se distribuyeron los cargos principales de esas secretarías. La Secretaría de Asuntos Jurídicos será comandada por Luis Alberto Devoto, asesor del senador K, y consejero, Nicolás Fernández. Mientras que al cuerpo de auditores lo comandará Jorge Meydac, asesor letradodel senador radical, Ernesto Sanz.
De esta manera, aparte de los auditores que trabajan para la Administración General del Poder Judicial, habrá quienes lo hagan para el Consejo mismo, además de los que actúen para la Corte.
En una decisión compartida entre el ala kirchnerista del organismo y el radicalismo, los consejeros decidieron aprobar el traspaso, que ya había sido pedido por la Corte previamente.
Desacuerdo
De todas maneras, y a pesar de la mayoría, el único en desacuerdo con el traspaso de esas atribuciones y la creación de un nuevo cuerpo paralelo desde el organismo resultó ser el ex titular de la Magistratura Pablo Mosca.
«Los nombres de estos cargos fueron elegidos a dedo, sin que su selección haya contado con los marcos institucionales necesarios. Por ejemplo, podríanhaber sido seleccionadosa través de posibles concursos de antecedentes y no fue así», razonó Mosca ante este diario.
«La Constitución nacional bien dice que la Justicia Nacional Ordinaria debe pasar a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, y sin embargo, eso aún no se cumple. Debatamos primero eso y después veamos si estas atribuciones se las devolvemos a la Corte o no», disparó el abogado, quien bajo su presidencia en el Consejo fue el impulsor de varios proyectos, en torno a la eficacia, eficiencia y economicismo con que se maneja la Justicia actualmente.
Por otro lado, un total de 189 candidatos, entre ellos, 60 jueces y 34 fiscales, concursó el viernes pasado por once vacantes en tribunales orales criminales federales de Capital Federal, una cifra récord para estas convocatorias.
«Se trató de uno de los concursos públicos con más inscriptos de la historia de la magistratura nacional», remarcó el organismo.
En tanto, para esta semana se prevé que el Senado le dé media sanción al proyecto presentado por el senador y consejero Fernández, en torno al plazo del 23 de mayo próximo que la Corte impuso el año pasado, para cambiar el modo de elección de los jueces subrogantes.
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