Los dos firmantes de la denuncia por el presunto direccionamiento de obras viales en Santa Cruz contra Cristina Kirchner, Javier Iguacel y Ricardo Stoddart fueron procesados por el juez Sebastián Casanello por prorrogar sin llamar a una nueva licitación contratos de más de veinte rutas nacionales. Además, el exdirector de Vialidad Nacional y el exjefe de Jurídicos de ese organismo del gobierno de Mauricio Macri fueron embargados por diez millones de pesos.
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El fallo de 63 páginas al que accedió Ámbito estableció el procesamiento de Iguacel como autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública y de Stoddart como partícipe necesario, tras haber “ampliado los plazos de los contratos de concesión de los Corredores Viales Nacionales Nro. 1 a 6 y 8 de forma ilegal e irregular, acción que(…) no solo había beneficiado a las respectivas empresas concesionarias, sino que también había perjudicado a la Administración Pública Nacional al privarle la posibilidad de obtener, con una nueva licitación, mejores condiciones de contratación”.
En concreto, el vencimiento de los contratos para la gestión de diferentes tramos de de 24 rutas nacionales operaba el 21 de abril de 2016. El Gobierno de Macri hizo uso de la prórroga de doce meses que los pliegos preveían, pero el 21 de abril de 2017, al vencer dicha extensión, en lugar de llamar a una nueva licitación como indica la normativa Iguacel les otorgó a las empresas un año más de concesión, lo que implicó el cobro de peajes y el otorgamiento de certificados de obras por una suma superior a treinta mil millones de pesos.
Los exfuncionarios se defendieron en sus respectivas indagatorias bajo el argumento de la necesidad de extender los plazos ya que -afirmaron- no se llegaba con los plazos para volver a licitar. Sin embargo, el juez Casanello afirmó en su fallo que se trata de un motivo “completamente falaz”, ya que “el expediente administrativo referido no tuvo movimientos desde diciembre de 2016 (fecha del dictado del Decreto 1288/2016) hasta junio de 2017. En efecto, no cuenta con ninguna actuación incorporada, ni con instrucción alguna para elaborar el pliego licitatorio o cualquier otro documento vinculado a ello”.
En diálogo con Ámbito, la denunciante de la causa María Graciela Aleña, Secretaria General del Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina celebró el fallo al señalar la “satisfacción que ocasionó a las y los trabajadores” y a ella en particular “saber que quien hablaba de transparencia y honestidad fue procesado”. Y agregó: “debería agradecer que es sin prisión preventiva, así no sufrió lo que vivieron los compañeros al ser esposados delante de sus hijos”.
Para los procesamientos, que también alcanzaron al exencargado del OCCOVI, Pablo Belenky, el juez argumentó los siguientes puntos:
Otro de los denunciados fue el exministro de Transporte, Guillermo Dietrich. Pero Casanello no lo incluyó en los procesamientos, lo que podría ser apelado por la denunciante.
Luego de conocido el fallo, Iguacel se defendió vía Twitter al relacionar el procesamiento en su contra con la decisión de la Corte de no hacer lugar a las nulidades planteadas por Cristina Kirchner en la causa Vialidad, iniciada por él. “Justo hoy me procesaron por una denuncia de la secretaria sindical de Vialidad por el proceso licitatorio de autopistas mediante PPP. Otra vez apelaremos con pruebas y testigos. Continuaremos dando la batalla por la verdad esperando q se haga justicia. No somos todo lo mismo”, afirmó Iguacel. “Lo único que faltaba es que se victimice justo él, que persiguió a las y los trabajadores, que cerró las escuelas técnicas, que despidió a trabajadores y trabajadoras sin causa, que hizo todo lo posible por el vaciamiento de Vialidad”, dijo en su cuenta
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