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Aníbal Ibarra promete a partir de ahora implementar una ley de empleo para la administración porteña que él mismo promulgó apenas asumió su cargo en 2000, pero que todavía no se aplica. La norma establece un sistema de concursos para el ingreso de los empleados públicos de la Capital Federal, estabilidad a partir de los doce meses de estar en el cargo y un nuevo examen a los cinco años para continuar en el mismo.
«Tienen entre 10 y 2 años de antigüedad», explicó un funcionario de Hacienda con respecto a las incorporaciones que también había hecho Ibarra. De acuerdo con la política del jefe porteño en esta puja gremial, ahora con la nueva medida no quedarían empleados de carácter transitorio -a los que debía renovarse su condición cada seis meses-y todos estarían como permanentes gozando de la estabilidad que otorga el estatuto de los municipales, que presenta muchas trabas para una administración ágil. Esos beneficios serían acotados si verdaderamente Ibarra comienza a aplicar la Ley 471 de empleo público de la Ciudad, que permite, entre otras cuestiones, cambiar de tarea al personal que perteneciera a una oficina cuya actividad dejara de ser necesaria.
El personal transitorio que pasará a permanente, no es el staff de contratados y plan-ta política que debe retirarse cuando termine el mandato del jefe porteño.
La Ciudad de Buenos Aires paga por año $ 1.790 millones en sueldos, de un presupuesto de $ 3.700 millones. Ese dinero se reparte en 36.000 empleados de lo que se denomina escalafón general, que incluye enfermeras y auxiliares en la actividad educativa. A eso se suman 40.000 docentes y 17.000 médicos.
Además, los contratados por Ibarra oscilan entre 4.000 y 5.000 personas.
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