La Argentina, junto con otros 53 países, firmaron ayer en el Quai d'Orsay, sede de la Cancillería francesa, la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que define ese delito como de lesa humanidad. En representación del país, firmó el documento la primera dama, Cristina Fernández de Kirchner, que en teoría viajó especialmente a París para el acto de ayer. La convención cuenta con el aval de las Naciones Unidas, y busca convertirse en norma fija del derecho internacional, algo que podría adquirir en los próximos años. Sucede que para que esto ocurra aún deben firmarlo países como Estados Unidos, China, Rusia y varios más considerados centrales.
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La iniciativa, que fue impulsada por la Argentina (a pedido del ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Taiana) y Francia y aprobada por unanimidad por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006, llena un vacío jurídico a nivel internacional al clasificar como crimen de lesa humanidad la desaparición forzada de personas con intervención estatal, tanto en tiempos de guerra como de paz.
Este convenio obliga a todos los Estados que lo ratifiquen a definir en sus legislaciones la desaparición forzada como «crimen» y, en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, como «crimen contra la humanidad».
El antecedente directo de esta convención es la Declaración para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, aprobada por la ONU en 1992, que carecía de carácter coercitivo para los países firmantes.
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