La mesa de conducción del bloque peronista de Diputados decidirá hoy con qué argumentos se presenta al plenario de la bancada el debate sobre la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Las alternativas de análisis son varias y ayer se seguían sumando argumentos jurídicos en contra de una participación del Congreso en el tema. En el bloque PJ se prometía la sanción de una ley que permitiera el juzgamiento de militares involucrados en delitos durante la dictadura, pero en realidad los diputados todavía no tienen en claro cuál.
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«Queremos evitar llevar adelante un remedio que sea peor que la enfermedad», dijo ayer José María Díaz Bancalari. «Esto es de suma complejidad técnica y posibles efectos no deseados por la nulidad. Estamos trabajando en alternativas superadoras», dijo.
Esto significa que los peronistas analizan la posibilidad de sancionar una ley, pero que bajo ningún punto de vista será bajo la forma del proyecto presentado por la izquierdista Patricia Walsh. Incluso hoy también se resolverá cómo tratar la sesión especial pedida por esa diputada para tratar la nulidad de las leyes.
El argumento más fuerte que se les presentó a los legisladores contra la intervención del Congreso hasta ahora en el tema Obediencia Debida y Punto Final, y que favorecería la tesis que sostiene que sólo una declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema podría satisfacer los requerimientos del gobierno, se basa en un dictamen que elaboraron los abogados de la bancada peronista. Allí, como ya adelantó Ambito Financiero, se deja en claro que el Congreso no puede declarar la nulidad de las leyes, sólo puede derogarlas, algo que ya se hizo con estas dos normas el 24 de marzo de 1998.
La misma argumentación sostiene que si se decidiera, a pesar de todo, avanzar con la nulidad, debería también declarar la suspensión del Código Penal durante el período de vigencia del Punto Final y Obediencia Debida, para que los inculpados no pudieran acogerse al principio básico de ese Código que permite a los ciudadanos acogerse a la ley más benigna. Una medida de ese tipo no sólo es impensada sino que se constituiría en un ridículo jurídico histórico.
•Otras dudas
Junto con este argumento, los diputados tienen otras dudas. Creen que, además, si se declaran nulas las leyes, habrá inculpados que podrán pedir inmediatamente la prescripción de sus causas, sólo no prescribirían quienes fueran acusados de delitos de lesa humanidad, un concepto que de todas formas tendría su debate en los tribunales.
Díaz Bancalari y los diputados de la mesa también consideran que deben tenerse en cuenta los tratados internacionales firmados por la Argentina previos a la sanción de esas leyes. De allí aparecen argumentos a favor y en contra de la nulidad, pero en general acercan la posición a la necesidad de un pronunciamiento de la Corte.
Como antecedente a favor de la declaración de nulidad, ya se está analizando el procedimiento por el que se declaró nula en el comienzo del gobierno de Raúl Alfonsín a la autoamnistía sancionada por la última junta militar antes de entregar el mando al radical.
Por último, y en tren de buscar argumentos, los peronistas comenzaron a encontrarle alguna vuelta jurídica para poder utilizar el antecedente que las leyes en cuestión se dictaron en un estado de necesidad institucional por Alfonsín. De la discusión de hoy dependerá la línea que la conducción baje a la bancada en el plenario citado para mañana.
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