ó a analizar una iniciativa para regularizar dominios de villas en el territorio nacional, las cuales no sólo se incrementaron en las últimas décadas, sino que además fueron abandonadas por los distintos gobiernos, excepto en épocas electorales. El oficialismo intentó forzar un dictamen y chocó con el PJ, que planteó un puñado de consultas y criticó el avance exprés del proyecto.
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La ley, lanzada con bombos y platillos desde el Ministerio de Desarrollo Social que lidera Carolina Stanley -quien regaló jugosos fondos a los piqueteros y coordinó en 2016 la ley de emergencia social, que gira $10.000 millones por año a organizaciones populares, al menos hasta 2019-, fue presentada por diputados de Cambiemos y aprobada por unanimidad a principios de julio pasado, tras el acompañamiento masivo de la oposición.
Como punto principal, se declara de "interés público" y se blinda el "Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana" (Renabap) que creó el Decreto 358/17 y que dejó como saldo un penoso panorama de 4.228 asentamientos -en ciudades de más de 10.000 habitantes de todo el país-, donde viven 3,5 millones de personas.
En segundo término, se autoriza al Ejecutivo a crear un "fideicomiso" para soportar las actividades necesarias que requiere la ley en cuestión. Lo que nadie sabe aún es cuál es el volumen global de dinero que se necesitará para aplicar la iniciativa, en medio de un esquema de ajuste en Nación y provincias.
Desde el peronismo apuntaron a la no inclusión en el articulado de "ley marco", es decir, que se establezca la necesidad de contar con el aval de las legislaturas provinciales una vez sancionado el proyecto en el Congreso. También direccionaron el foco en los parámetros fijados en el Renabap y la "rapidez" con la que Cambiemos pretendía firmar un dictamen de mayoría en la primera reunión plenaria, en comparación con los más de dos meses de discusión en Diputados.
Por otra parte, la oposición recordó que en algunas comisiones ni siquiera convocaron a los asesores a revisar dicha iniciativa por caso, la de Presupuesto, que comanda el vidalista Esteban Bullrich-, lo cual sembró aún más dudas en cuanto a un avance exprés del proyecto, más allá que todos los legisladores comparten el espíritu de la ley.
Como titular del plenario, el presidente de la comisión de Infraestructura, Carlos Espínola (PJ-Corrientes), y ante pedidos insistentes de Cambiemos, pasó a la firma de un dictamen de mayoría -él no acompañó por ahora, a la espera de despejar la incertidumbre dentro de su bloque- que no consiguió las rúbricas necesarias para convertirse en tal.
De esta manera, y para respetar el reglamento del Senado -muchas veces, viciado por los legisladores-, las comisiones de Infraestructura; Asuntos Constitucionales; y Presupuesto y Hacienda tendrán que reunirse nuevamente para firmar los dictámenes correspondientes.
