El gobierno intenta ya renovar superpoderes

Política

El gobierno deberá enfrentarse con los caciques provinciales del PJ si pretende renovar antes de diciembre los poderes que le otorgaron al Poder Ejecutivo en la Ley de Emergencia Económica. Cuando gobernaba Eduardo Duhalde, esa norma, surgida en medio de la crisis de la devaluación, le sirvió, por caso, a Duhalde para derogar la convertibilidad. En el Congreso, hasta el PJ tiene dudas en prorrogar la emergencia, que vence el próximo 10 de diciembre. Si no lo hace, y retoma las facultades que los gobernadores no quieren ceder para ganar poder de maniobra frente al Presidente, el gobierno perderá la posibilidad de corregir por decreto desde tarifas -donde espera nueva ley- hasta la emisión de bonos para compensar desfases por la pesificación.

El gobierno debe comenzar a definir si pretende prorrogar o no el próximo mes de noviembre la Ley de Emergencia Económica que Eduardo Duhalde usó para tomar la mayor parte de las medidas económicas, incluso la salida de la convertibilidad. La ley tiene una cantidad de disposiciones que ya han sido ejecutadas y modificadas por otras leyes y decretos -o de las que no se puede volver atrás-, pero hay una serie de facultades que continúan en uso del Ejecutivo que deberán ser renovadas o perderán vigencia. En el Congreso, la discusión se inició, y muchos gobernadores peronistas no están dispuestos a renovar poderes especiales al gobierno. Prefieren mantener el margen de maniobra que les da el votar cada pedido del Ejecutivo. Por lo tanto, no hay un acuerdo unánime sobre el tema dentro del bloque oficialista.

Ese es el argumento de mayor peso para no ceder facultades al Ejecutivo: si el Congreso delega, pierde poder de decisión, y son los caciques provinciales del peronismo quienes no están dispuestos a renovarle facultades a Kirchner y ceder así poder de negociación.

•Sin apoyo

Por esa razón, la discusión dentro del bloque PJ ya ha comenzado, mientras que el resto de las bancadas ya tiene en claro que no apoyará la prórroga de la Ley de Emergencia Económica.

No debería existir problema en eliminar la facultad por la que el Ejecutivo quedó facultado «para establecer el sistema que determinará la relación de cambio entre el peso y las divisas extranjeras», y por otro lado, no influiría en los cambios que la misma norma introdujo en el régimen de convertibilidad, que no derogaron completamente la ley homónima. Tampoco volverán atrás las modificaciones a al Carta Orgánica del Banco Central, pero el gobierno no podrá disponer más por decreto ninguna medida «tendiente a disminuir el impacto producido» por la devaluación, ya sea en deudas o en depósitos.

No podrá tampoco el gobierno, si es que lo quisiera hacer, regular ningún tipo de precios en el mercado, facultad incluida en la ley de emergencia para «proteger los derechos de los usuarios».

Mucho más complicado, jurídicamente hablando, es el futuro de la indexación de contratos y tarifas de servicios públicos. La ley de emergencia dejó sin efecto las «cláusulas indexatorias basadas en índices de precios de otros países», como era el caso de la inflación en los EE.UU., pero existen argumentaciones legales sobre si esa suspensión tiene carácter definitivo o sólo durante la vigencia de la emergencia económica, es decir, hasta el 10 de diciembre próximo. Lo cierto es que al momento de votarse la ley la idea del Congreso era que para diciembre de este año el tema tarifas estuviera solucionado, algo que ahora parece demorarse todos los días.

Además, antes del vencimiento de la emergencia, Kirchner deberá conseguir la aprobación en el Congreso de la ley que lo faculta a renegociar esos contratos y tarifas; de lo contrario, perderá en diciembre la facultad para hacerlo.

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