El Gobierno nacional pedirá que se impulse el juicio político contra los dos camaristas que dispusieron la liberación de represores de la ESMA y recurrirá a la Corte Suprema para que se dé marcha atrás con la decisión de esos magistrados.
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Así lo confirmó el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, durante una conferencia de prensa ofrecida en esta capital.
El pedido de juicio político afectará a los magistrados Guillermo Yacobucci y Luis García, quienes en el marco de la Sala II de la Cámara Nacional de Casación Penal votaron a favor de la liberación de represores de la ESMA, entre ellos Alfredo Astiz y Jorge "El Tigre" Acosta.
La solicitud también infolucra a magistrados del tribunal oral federal 5 de esta capital. Por otra parte, Duhalde percisó que interpondrá "ante la Corte Suprema un recurso extraordinario para que se aboque en forma directa a evitar un escándalo jurídico".
El funcionario sostuvo que "varios de esos individuos han sido condenados en ausencia por tribunales" extranjeros y que "todos ellos tienen pedidos de extradición en la justicia española".
El secretario sostuvo que el Poder Ejecutivo es "totalmente respeutoso de la independencia del Poder Judicial", pero cuestionó con dureza a los magistrados que, según dijo, "creen que pueden vivir en una burbuja".
Eduardo Luis Duhalde apuntó contra "muchos integrantes del Poder Judicial designados durante la dictadura" quienes "fueron complacientes y participaron" de las violaciones a los derechos humanos.
Además, apuntó contra "actitudes renuentes, obstaculizadoras de los avances de los procesos" y qyue llegan hasta la "denegación de justicia" en el marco de "verdaderos laberintos kafkianos".
"Estos son 17 individuos imputados de ser autores fundamentales de los homicidios agravados, detenciones y desapariciones del grupo de tareas de la ESMA, una verdadera máquina de masacrar hombres y mujeres y de apropiarse niños", enfatizó Duhalde, en referencia a los represores beneficiados por la decisión de la Cámara de Casación conocida ayer.
Asimismo, cuestionó la decisión de habilitar la excarcelación de represores, al señalar que en el marco de la investigación por los delitos de la ESMA "hay prófugos". El funcionario aseguró que el Gobierno nacional no permitirá que "razones supuestamente procesales afecten el orden jurídico internacional e interno".
"No vamos a aceptar en silencio que por vía procesal se produzca un retroceso irreparable en la lucha contra la impunidad", señaló.
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