El Senado aprobó hoy por unanimidad y giró a la Cámara de Diputados un proyecto de Alicia Kirchner que promueve el microcrédito y que contará con un fondo de 100 millones de pesos, que repartirá el Ministerio de Desarrollo Social.
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La propuesta, la primera que presentó la hermana del presidente Néstor Kirchner desde que asumió como senadora, permitirá financiar con hasta 12 sueldos mínimos a emprendimientos productivos cuya gestión quedará en manos de personas de bajos recursos.
Las entidades que reciban el microcrédito no podrán tener activos superiores al valor de 50 canastas básicas de alimentos, según la propuesta que ahora deberá tratar la Cámara baja.
Los recursos, que saldrán del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, serán manejados por una Comisión Nacional cuyo coordinador será designado por el Gobierno.
La Comisión será la encargada de distribuir los 100 millones de pesos anuales a las denominadas instituciones de microcrédito, que actuarán como intermediarias entre el Gobierno y los beneficiarios.
Esto le permitirá al Poder Ejecutivo distribuir el dinero a asociaciones sin fines de lucro, mutuales, fundaciones y organizaciones no gubernamentales, entre otros.
La legisladora Kirchner, quien defendió el proyecto en nombre del bloque oficialista, dijo que los microcréditos "van a favorecer directamente a emprendedores y a actividades productivas".
"La experiencia demuestra que hay una recuperación del crédito de hasta el 92 por ciento", añadió la ex ministra de Desarrollo Social, quien habló por primera vez en el recinto desde que asumió, en diciembre de 2005.
La hermana del Presidente señaló que el proyecto "está dirigido a personas que no pueden demostrar ganancias patrimoniales", lo que les impide el acceso al crédito bancario.
"Tienen las capacidades pero no la oportunidad de acceder al crédito", amplió Alicia Kirchner.
El bloque oficialista aceptó realizar tres cambios al proyecto de ley a pedido de la bancada de la UCR, según anunció el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Jorge Capitanich.
El oficialismo aceptó crear un comité asesor con los ministros provinciales del área, ampliar los controles e incluir un régimen de castigo para los intermediarios que incumplan con sus obligaciones.
Con los cambios, al bloque radical no le quedó margen para oponerse a la ley y así el legislador Norberto Massoni apoyó el proyecto, al tiempo que celebró que el PJ acepte modificar una iniciativa oficial.
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