El presidente Néstor Kirchner recibió ayer a representantes de los organismos defensores de los derechos humanos y les entregó una copia del decreto de promulgación que anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El peronismo del Senado intentará hoy abrir la etapa de sentencia a Eduardo Moliné O'Connor y darle estado parlamentario al pliego de Eugenio Zaffaroni, un mero trámite. No será sencillo superar la polémica con la UCR en el recinto y evitar el escándalo que parece garantizado: se supone que radicales, provinciales y algunos peronistas disidentes deben estar más que enojados con el diputado Ricardo Falú por la sospecha que deslizó sobre supuestos «pactos espurios» que impidieron comenzar el trámite contra el ministro de la Corte la semana pasada. Falú no será el único foco de quejas. Cristina Fernández de Kirchner tendrá un papel protagónico. La oposición, liderada en este particular por Raúl Baglini (UCR-Mendoza), le reprochará la forma sumaria en que fueron desestimados en la Comisión de Asuntos Constitucionales el pedido de excusación del radical -tienen expedientes en la Corte con su firma de abogado- y la recusación de la defensa de Moliné a la primera dama y senadora por razones de parentesco con quien le puso precio a las cabezas de la denominada «mayoría automática», Néstor Kirchner.
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El constitucionalista Gregorio Badeni aportó material periodístico en el cual Cristina de Kirchner hace gala de su identificación total con los objetivos de gobierno, confesión que le quitaría -a juicio de los patrocinantes de Moliné- imparcialidad en este proceso. La señora de Kirchner, igual que el resto de sus colegas del cuerpo, cumple funciones de jueza en el juicio político.
El radicalismo y el Interbloque Federal de provinciales objetarán también el dictamen de Asuntos Constitucionales, que gerencia la Kirchner, en el cual se rechazan ambos planteos. Acusan a la Kirchner de haber hecho firmar el despacho a Jorge Yoma en su domicilio, ya que faltaban rúbricas y el riojano permanecía convaleciente, fuera del palacio de las leyes.
Yoma argumentó que es habitual que los dictámenes circulen por las oficinas y hasta por las casas particulares de los legisladores. «Además, mandé una nota de manera anticipada a la comisión, desestimando la excusación de Baglini y el pedido de recusación», se defendió el vice de esa dependencia.
En la víspera, el delegado de La Rioja comunicó por escrito a Asuntos Constitucionales que iniciará un juicio político contra Carlos Fayt, y reconoce que esa situación podría inhabilitarlo en el supuesto de que avanzara esta embestida contra el decano de la Corte.
• Protesta tucumana
El provincial Pablo Walter (Recrear-Tucumán) adelantó ayer su pataleo por los antecedentes de Kirchner y de Falú en materia tribunalicia. «Ambos parecen no haber tenido mucho respeto por la división de poderes en sus distritos», subrayó Walter. En referencia a su comprovinciano, recordó que «pasó de asesor del Poder Ejecutivo a ministro fiscal de la Corte (fue jefe de los fiscales que investigaban al gabinete) y, finalmente, llegó a ministro de gobierno, todo durante la gestión de Julio Miranda». «No sería ilógico suponer que hay en gestación un toma y daca para asegurarse la designación de Zaffaroni -que no viene tan sencilla en el Senado-, a cambio de lograr otra vacante en la Corte y así negociar con la oposición o con sectores del propio peronismo», concluyó Walter. Falú, como titular de la comisión de enjuiciamiento, hará esta tarde las veces de fiscal en la Cámara alta. Tras la lectura de las más de 300 carillas de la acusación, trámite que insumirá 4 horas, el peronista de Tucumán tratará de ampliar sus cargos por presunto mal desempeño de Moliné en los casos Macri, Meller y Magariños. Para aligerar el trámite, Miguel Angel Pichetto, de acuerdo con los radicales, les pedirá a los acusadores que se limiten a leer la parte resolutiva del dictamen anti-Moliné.
Anoche, Falú se reponía de un fuerte estado gripal que, casi, le impedía hablar con normalidad. Además de insistir con el planteo de suspensión al juez (que se votará dentro de un mes, aproximadamente), repasará detalles de la sanción que le impuso la Corte al magistrado Magariños por opiniones contrarias a fallos del máximo tribunal (esa facultad punitiva -sostienen los diputados- le corresponde sólo al Consejo de la Magistratura). El radical de Santa Fe, Carlos Iparraguirre, prometió dejar de lado la campaña provincial (hay elecciones este domingo) para hablar de la causa Meller. La frepasista Nilda Garré hará lo propio respecto de Macri.
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