Enjuiciadores cuestionados

La defensa de Eduardo Moliné O'Connor reclamó ayer la nulidad del juicio político, tras calificar la embestida de los diputados de «precipitada, superficial y distante de las reglas del debido proceso legal», y de estar signada «por las pasiones de la política» que derivan en un intento de «linchamiento».

En uno de las pasajes del descargo, presentado por los abogados Eduardo Aguirre Obarrio y Gregorio Badeni, se ironiza sobre la falta de garantismo de la dependencia que encabeza Ricardo Falú (PJ-Tucumán) en cuanto a la causa contra el ex vice de la Corte. Resulta imperdible el «quién es quién» que hacen de los miembros de la comisión.

También los letrados de Moliné recuerdan que, en comparación, fueron más generosos los plazos que les otorgó el actual jefe de la SIDE y ex titular de Juicio Político, Sergio Acevedo, durante la carga colectiva que lanzó Eduardo Duhalde en 2002. En aquel momento -aseguran Aguirre Obarrio y Badeni-, Acevedo concedió 15 días hábiles para hacer el descargo, mientras que Falú y compañía les dieron sólo 6 días y medio.

El texto de 129 carillas repasa algunas irregularidades, entre ellas, la falta de expedientes fundamentales para la instrucción del enjuiciamiento. «Del Libro de Actas de la Comisión -aseguran-, se desprende que el sumario de investigación fue notoriamente incompleto y que los cargos formulados al Dr. Moliné O'Connor el día 10 de julio de 2003 estaban desprovistos de pruebas suficientes.»

Resulta sospechoso que, según la defensa, autoridades de la Comisión le hayan entregado material con número de folio, supuestamente, relacionado con el pedido de juicio fogoneado por el ex juez Luis Leiva. En lugar de encontrarse con los antecedentes del caso, en esas carpetas había demandas contra otros ministros del máximo tribunal, una anormalidad que suman los juristas para descalificar el procedimiento.

Uno de los capítulos más interesantes es el referido a las excusaciones que, según los defensores, deberían haber esgrimido varios miembros de la Comisión para no participar de la carga. El artículo 90 del reglamento interno de la Cámara baja establece que quienes estén matriculados en el fuero federal no podrán enjuiciar a la Corte.

•Listado

Aguirre Obarrio y Badeni realizaron el siguiente listado:

1) Bussi, Ricardo: está inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con matriculación automática en el fuero federal.

2) Baladrón, Manuel: se inscribió el 18 de diciembre de 1981.

3) Casanovas, Jorge: está inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con matriculación automática en el fuero federal.

4) Damiani, Hernán: inscripto el 7 de junio de 1989.

5) Di Cola, Eduardo: inscripto el 26 de marzo de 1982.

6) Falú, José: inscripto el 25 de agosto de 1982.

7) González, María América: inscripta en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al T° 8. F° 625.

8) Hernández, Simón: inscripto el 1 de octubre de 1982.

9) Iparraguirre, Carlos: inscripto el 7 de junio de 1983.

10) Johnson, Guillermo: inscripto el 31 de agosto de 1995.

11) Mínguez, Juan: inscripto el 17 de noviembre de 1982.

12) Nieto Brizuela, Benjamín: inscripto el 19 de marzo de 1982.

13) Villaverde, Jorge: inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal al T° 14, F° 74.

14) Conte Grand, Gerardo Amadeo: inscripto en el Colegio Público de Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

15) Díaz Bancalari, José: inscripto el 21 de diciembre de 1981".

De acuerdo con el relevamiento, «casi la mitad de los integrantes de la Comisión está inhabilitada para actuar... Por ende, todas las actuaciones realizadas por la Comisión con la intervención de tales diputados son nulas y de nulidad absoluta».

Dejan a salvo 3 miembros de esa dependencia parlamentaria. Elisa Carrió, «quien si bien está inscripta desde el 26 de diciembre de 1990, resolvió cancelar su matrícula el 4 de setiembre de 1997». El socialista Héctor Polino «revestiría el carácter de inactivo». Y, por último, Nilda Garré, que según la defensa de Moliné, tiene «suspendida la matrícula por falta de pago de las cuotas».