Néstor Kirchner dispuso un aumento en los gastos reservados de más de $ 22 millones,se dijo, para cubrir aumentos de sueldo de agentes de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar del Ministerio de Defensa (incluye a las Fuerzas Armadas) y de la Dirección de Inteligencia Criminal (Secretaría de Seguridad Interior). Serán insuficientes.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
En la gestión kirchnerista se otorgaron dos recomposiciones: una de 19% en 2006 y la más reciente de 16 en línea con las mejoras del padrón estatal.
Pero esas partidas ya están cuestionadas en la Justicia por más de un millar de PCI ( acrónimo de Personal Civil de Inteligencia, en la jerga de los espías) que entablaron demandas contra el Estado porque las mejoras no modificaron el haber, sino que se otorgaron fuera de la ley, bajo la fórmula de suplemento no remunerativo y no bonificable.
En cambio, a los espías de la SIDE que están bajo el mismo régimen laboral: el Estatuto de Personal Civil de Inteligencia, el aumento sí alcanzó el haber básico. El Estatuto se modificó y se aprobó durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando Miguel Angel Toma ejercía las funciones de «señor Cinco» (secretario de Inteligencia de la Presidencia) y justamente una de sus novedades fue eliminar la separación que había entre agentes de la SIDE y de los organismos militares.
Habitual
Ahora son todos empleados estatales dedicados al oficio del espionaje, sólo que prestan servicio en organismos diferentes. Es habitual el pasaje de espías de un organismo a otro por razones de confianza con algún funcionario que llega a la máxima conducción. La pertenencia a un mismo escalafón facilita esas movidas administrativas.
La primera andanada de denuncias comenzó a fines de noviembre de 2006 luego de la publicación del decreto que otorgó 19% de reajuste salarial. Los reclamos administrativos -primer eslabón antes de la denuncia en el fuero contencioso administrativo federal-eran denegados por la propia ministra. Luego, ante la lluvia de escritos de los PCI, Garré delegó la firma en los jefes de los organismos de inteligencia militar. Carlos Aguilar, titular de la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar que reporta a la ministra Garré, es la máxima autoridad del aparato de inteligencia castrense. Lleva al día el conteo de los reclamos como si se tratase de la cotización del dólar en tiempos inflacionarios. Hoy es un misterio llegar al autor intelectual del «considerando» del Decreto N° 1.782/ 06 de aumento de sueldo que disparó los juicios de los PCI contra el Estado. Dice: que asimismo la medida propiciada se inscribe en un marco de preservación de las relaciones jerárquicas dentro y entre los distintos grados que componen la estructura escalafonaria de los organismos y las Fuerzas Armadas.
En limpio, significa que se decidió que los aumentos a los espías castrenses siguieran el molde de las mejoras no remunerativas dadas a los uniformados con la implacable consecuencia posterior: millonarias demandas al Estado que terminan pagándose del bolsillo de los contribuyentes. No intervino la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, estructura legislativa armada para supervisar el mundo del espionaje y sus números, a pesar de que hubo comunicación por mail (anónima como casi todo lo relativo a inteligencia) a algunos de sus miembros alertando del error en la liquidación de haberes. Un letrado que asiste a espías civiles de organismos militares dijo que se está a tiempo de corregir la medida antes de que se transforme en una bola impagable como lo fueron los contenciosos de los uniformados en retiro. Esos juicios suman más de 4.000 millones en bonos públicos.
Dejá tu comentario