Los fiscales del caso que investiga la presunta entrada irregular de 800 mil dólares al país a través del valijero Guido Antonini Wilson, en agosto pasado, le pidieron al procurador general de la Nación, Esteban Righi, mandar secretarios de sus juzgados a EE.UU. para recolectar mayor información sobre el caso.
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Tanto María Luz Rivas Diez como Mariano Borinsky solicitaron autorización, el jueves pasado, al jefe de los fiscales para enviar dos secretarios de sus despachos a los juzgados de Miami, donde se instruye la causa por el lado internacional.
Lo hicieron para terminar con la parálisis en que se encuentra el expediente del ámbito local, el cual es instruido por el juez en lo Penal Económico Daniel Petrone.
De todas formas, y luego de las negativas constantes del vicepresidente venezolano de PDVSA en la Argentina, Daniel Uzcátegui Matheus, y su hijo Daniel Uzcátegui Specht, de venir a declarar al país, sumadas a la recusación que semanas atrás hizo el ex titular del Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), Claudio Uberti, contra la fiscal Rivas Diez, el proceso dista de ser rápido.
Según allegados a Righi, lo solicitado por los fiscales podría ser resuelto entre mañana y pasado. El principal obstáculo -dicen desde la procuraduría- podría ser el económico.
Es razonable, teniendo en cuenta las vueltas por las que tuvo que atravesar el caso desde su destape en agosto pasado. Los seis jueces que pasaron por la causa en diez meses demuestran la lentitud con que se viene desarrollando el proceso. A esto se suma la cercanía que tienen el actual juez, Daniel Petrone, y el gobierno. Por otro lado, se descubrió que la otra implicada en el caso, Victoria Bereziuk, quien estuvo en el avión contratado por ENARSA que trajo la famosa valija, ya no figura más como contratada en el OCCOVI, pero según sus aportes en la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) sigue vinculada con ese organismo dependiente del Ministerio de Planificación Federal (que conduce Julio De Vido). Según fuentes del ámbito impositivo, desde el OCCOVI se habrían hecho aportes a la AFIP a nombre de ella.
En tanto, a pesar de la maraña judicial en la que se encuentra el caso, el gobierno venezolano busca calmar las ansiedades de todos los eventuales implicados. Les dicen a los Uzcátegui que desde Buenos Aires les informan que en la Justicia «se va a encaminar la pesquisa a su favor».
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