Con el conflicto por las papeleras a la deriva, la Casa Rosada ordenó frenar en la Cámara de Diputados el tratamiento de un proyecto de ley que busca establecer los requisitos ambientales mínimos para el funcionamiento de las plantas procesadores de celulosa en la Argentina.
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Se trata de la misma iniciativa del kirchnerismo que obtuvo la semana pasada dictamen en las comisiones de Industria y de Recursos Naturales. Pero ahora el Poder Ejecutivo ordenó que no se incluyera este proyecto de la diputada entrerriana Blanca Osuna para no debilitar los argumentos jurídicos del país ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
«Si se aprueba ese proyecto tendríamos que cerrar todas las papeleras que funcionan en el país, y sería como admitir que nosotros también contaminamos», explicó a este diario uno de los encargados de armar la estrategia parlamentaria del Frente para la Victoria en la Cámara baja.
La iniciativa en cuestión impulsa una nueva política de control en los procesos de emisión de dioxinas y furanos, sustancias tóxicas emitidas por las plantas procesadoras de celulosa radicadas en territorio argentino. El texto de Osuna propone además que en un plazo no mayor a tres años todas las plantas de celulosa y papel del país dejen de emitir al medio ambiente dioxinas y furanos, sustancias consideradas contaminantes. «Pero lo importante de la iniciativa es que también se contempla el caso de las futuras plantas de celulosa y papel que se establezcan en nuestro país, que de no cumplir los presupuestos mínimos para la eliminación de tóxicos, no serán habilitadas», había explicado ya la legisladora oficialista a este diario.
El proyecto de ley reconoce de acuerdo con el temor del Ejecutivo que el actual sistema para evaluar los impactos ambientales es insuficiente y propone encuadrar a este tipo de plantas ya instaladas en un programa de reducción sustancial y eliminación total de emisión de estas sustancias, auditándolas con mediciones de muestras y la prohibición de su emisión en fábricas que se instalen en el futuro. La secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, propuso además mejorar el proyecto y hacerlo más riguroso para demostrar así que la tecnología utilizada por Botnia es insuficiente.
Las plantas de procesamiento de celulosa que actualmente existen en nuestro país son Celulosa Puerto Piray, Papel Misionero y Alto Paraná (en la provincia de Misiones), Celulosa Argentina (Santa Fe), Papelera Tucumán (Tucumán), Ledesma y Papelera del NOA (Jujuy), Papel Prensa y Massuh ( Buenos Aires) y Productora de Pulpa Moldeada (Río Negro).
Pero la Casa Rosada teme que, de aprobarse esta ley en el Congreso, el gobierno de Tabaré Vázquez la utilice como argumento contra el país en el diferendo que se sigue ante La Haya por la violación del Estatuto del Río Uruguay. Justo ahora que, por segunda vez en la última semana, putrefactas emanaciones de olor provenientes de la planta de Botnia afectaron a los vecinos de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a raíz de un «imprevisto» corte de energía en la fábrica.
De acuerdo con la información publicada en la prensa uruguaya, esta vez el olor se sintió en toda la ciudad, a diferencia del escape de gases que se había registrado la semana pasada y que había afectado a alumnos de una escuela cercana a la fábrica.
Con el nuevo plan de control ambiental dispuesto a través de la Secretaría de Medio Ambiente de Romina Picolotti, el gobierno de los Kirchner intentará estigmatizar a Uruguay como el único país que contamina a través de la papelera sobre el río compartido y por eso no resulta conveniente a los intereses de la Casa Rosada aprobar una ley que abra un proceso de «revisionismo ambiental» dentro de la frontera del país.
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