El Tribunal de Justicia de la Capital Federal avaló anoche un pedido de revocatoria de mandato de Aníbal Ibarra, pero no en los términos en que lo había pedido el jefe de Gobierno en audaz contraataque político. Admitió, en cambio, el pedido hecho con anterioridad por un grupo de familiares y abogados; hoy Ibarra solicitará que se exima del trámite la exigencia constitucional de que cuente con el aval de por lo menos 20% de las firmas del padrón electoral (unas 520 mil voluntades). Pero ya los jueces dieron luz verde a esa recolección, que debe hacerse en un año de plazo. Una vez que se presenten las firmas, habrá 90 días para la votación en las urnas. Según la disposición judicial, se les preguntará a los vecinos si Ibarra debe renunciar por haber incumplido sus deberes como funcionario en la tragedia de la disco República de Cromañón.
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Se inició con este visto bueno a las solicitudes el proceso de recolección de como mínimo 519.599 firmas de adhesión equivalentes a 20% del padrón electoral porteño, según lo determinan los arts. 67 y 357 de la Constitución de la Ciudad.
Para reunirlas, de acuerdo con la norma, hay 12 meses de plazo. Los ciudadanos deberán decidir si Ibarra incurrió en «mal desempeño de sus funciones en relación con el caso de República Cromañón».
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