Hermanos Noble no se presentaron para extracción de sangre y caso llegaría a la Corte

Ambos jóvenes debían concurrir al Hospital Durand para realizar los estudios que permitan establecer si son hijos de desaparecidos.

Los hijos de la dueña del Grupo Clarín, Marcela y Felipe Noble Herrera, apelaron la orden judicial que los compelía a dar muestras de sangre para establecer su patrón genético y el caso llegaría nuevamente a la Corte Suprema de Justicia.

Los hermanos habían sido citados a las 9:00 en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que funciona en el Hospital Durand a fin de proceder con la extracción "con o sin consentimiento" de mínimas muestras de sangre, saliva, piel o cabello para determinar su ADN y establecer si son hijos de desaparecidos durante la última dictadura.

Sin embargo, la defensa de los jóvenes presentó a primera hora de la mañana un recurso de apelación contra la resolución de la jueza, por lo que "quedó suspendida de manera automática la ejecución de la medida", según señaló el abogado Jorge Anzorreguy.

"Por ese motivo no hay obligación de los jóvenes de concurrir, porque no hay resolución firme", señaló el abogado defensor de los hijos adoptivos de Ernestina Herrera de Noble, que fundó la presentación en la "inconstitucionalidad" de la medida a partir de una interpretación "errónea" del artículo del Código Procesal penal recientemente modificado.

El expediente presentado en el juzgado federal de Sandra Arroyo Salgado pasará ahora a la Sala II de la Cámara Federal de San Martín para que ratifique o rectifique la medida, pero de allí a Casación, y todo tendrá que ser resuelto, en última instancia, por la Corte Suprema.

"Es natural que llegue a la Corte Suprema porque hay cuestiones federales que resolver y todo los casos anteriores de extracción compulsiva terminaron allí. Hay además opinión en los jueces de la Corte que en los casos en que sea compulsiva la extracción no es constitucional", indicó Anzorreguy.

En las puertas del Hospital Durand, los abogados de Abuelas de Plaza de Mayo, Pablo Llonto y Alan Iud, se retiraron con la notificación de la directora del BNDG, María Belén Cardozo, sobre la no comparecencia de los jóvenes y cuestionaron la apelación.

"Es un escrito desesperado más para entorpecer y demorar la investigación. Desde diciembre de 2002 está ordenada esta medida de prueba que ocho años después todavía no puede cumplirse", se quejó Llonto en referencia a la medida ordenada por el destituido juez Norberto Marquevich.

Poco después, en conferencia de prensa, la titular de Abuelas, Estela Carlotto sostuvo que hay que "tomar muestras de ADN en forma inmediata y sin dilaciones" y sostuvo que "la jueza puede disponer que se los haga comparecer por la fuerza pública", tal como señalaba el fallo de convocatoria.

"Los abogados los utilizan y victimizan, e impiden llegar a la verdad de un crimen horrendo de la dictadura. El estado tiene la obligación de llegar a saber la verdad. El tiempo avanza y los familiares hace casi más de diez años que aguardamos para afirmar o descartar si Marcela y Felipe son hijos de desaparecidos", indicó Carlotto

La líder de Abuelas aclaró que la nueva orden de extracción fue reclamada por la institución "dado que no existen certezas sobre las muestras obtenidas en diciembre de 2009" y que esa medida "está de acuerdo a la más reciente jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Mientras tanto, el canciller Héctor Timerman fue la única voz del Gobierno que se refirió al tema: el diplomático lamentó "la falta de colaboración" con la Justicia para resolver el caso y dijo que "no puede ser que haya personas con poder político y económico" que impidan establecer la identidad de "Marcela y Felipe Herrera de Noble", lo que afecta no solo a ellos sino a "toda la sociedad".

De inmediato dijo que "no hay ningún motivo para negarse a la identidad", y agregó que ese derecho "no puede ser violado".