Luis María Cabral, el juez que estuvo a punto de presidir el Consejo de la Magistratura, será encargado de instruir el sumario que puede destituir a los cuatro miembros de la Cámara de Casación Penal que tanto interesa a Néstor Kirchner.
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El Presidente avanzó contra esos jueces con alarmante énfasis desde el escenario del ex centro clandestino de detención de La Perla, en Córdoba. Fue el sábado durante el acto por el aniversario del golpe de Estado de 1976.
La Cámara de Casación Penal es el segundo tribunal de Justicia del país en importancia después de la Corte Suprema. La referencia presidencial es la segunda en este mes y no es menor en un año electoral.
Había reclamado lo mismo cuando inauguró el período ordinario de sesiones del Congreso. Es sólo comparable con aquel discurso por cadena oficial en el que apenas asumido reclamó al Congreso la destitución de Julio Nazareno y de otros cuatro magistrados a los que señaló como la «mayoría automática menemista».
Juicio político
Desde La Perla, un lugar simbólico de las desapariciones y torturas de los 70, Kirchner instigó, esta vez, al Consejo de la Magistratura a avanzar en el juicio político contra los camaristas que tienen en sus manos las causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos y que involucran a ex jefes militares. Se trata de la Sala IV del tribunal donde se tramitan 93 causas, que según organismos de derechos humanos, están paralizadas. Los camaristas acusados son Gustavo Hornos, Ana María Capolupo de Durañona y Vedia, Eduardo Riggi y Alfredo Bisordi.
La Liga Argentina por los Derechos del Hombre presentó la semana pasada el pedido de enjuiciamiento de estos magistrados, en cuyos juzgados recayeron las causas relacionadas con la represión como directa consecuencia de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El gobierno sostiene que en los tribunales de Casación hay casi 200 trámites demorados porque la defensa de los ex militares había recurrido a artilugios para evitar que sean enviados a juicios ( quizás un recurso en la legítima defensa). No aparece que los organismos de derechos humanos también han contribuido a dilatar una definición por las varias recusaciones presentadas contra los jueces de la Cámara de Casación.
Según un informe preparado por la Procuración General, entre las más antiguas causas que aún no tuvieron resolución figura el recurso presentado por la defensa del marino Alfredo Astiz en agosto de 2004 por aplicación del Código de Justicia Militar. Procesado y detenido junto a una docena de miembros del grupo de tareas de la ESMA, Astiz fue condenado, en ausencia, hace diez días en Italia a cadena perpetua por el asesinato de ciudadanos italianos en la Argentina, pero aún no puede ser juzgado en su país.
De esa época datan también otros recursos presentados por los defensores de los almirantes Julio Torti y Antonio Vañek, quienes pidieron la inconstitucionalidad de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
El informe también enumera 33 casos en los que le recrimina al fiscal Juan Martín Romero Victorica haber dictaminado a favor de militares, entre ellos un recurso extraordinario presentado por el ex general Santiago Omar Riveros, reclamando la jurisdicción militar para sus crímenes. Gracias a ese informe, Kirchner puso en la mira a los fiscales de Casación Juan Martín Romero Victorica y a Raúl Plée.
«Yo le digo a la Justicia, y sé que el Consejo de la Magistratura me va a escuchar: ¡por favor, basta! ¡Juicio y castigo, eso necesitamos! Yo les juró que empujo y empujo, pero hay jueces y fiscales que se hacen los distraídos», dijo Kirchner el sábado antes de cerrar el discurso conmemorando los 31 años de golpe de Estado. «¿Quiénes son los fiscales de esa Cámara de Casación?», gritó el Presidente.
La denuncia contra los camaristas que está en el consejo de jueces pide que sean suspendidos de manera «urgente» y enfrenten un proceso de remoción.
El jueves pasado, la Comisión de Acusación, que preside la kirchnerista Diana Conti, sorteó entre sus miembros al encargado de instruir el sumario, es decir, llevar la investigación contra los cuatro camaristas de Casación. Esa responsabilidad recayó en el juez Cabral, juez del Tribunal Oral en lo Criminal N° 9 de la Capital Federal.
Cabral es un referente destacado entre los magistrados. Hasta el año pasado integró la cúpula de la poderosa Asociación de Magistrados y funcionariosdel Poder Judicial de la Argentina. Dejó la vicepresidencia de ese gremio para desplazar sus fuerzas al Consejo de la Magistratura donde ganó su butaca tras una peleada elección interna con el camarista Luis María Bunge Campos, de signo radical y familiar del canciller Jorge Taiana.
En noviembre pasado, cuando el consejo diseñado por Cristina de Kirchner entró en funcionamiento, casi le arrebata la presidencia al kirchnerismo encabezado por Carlos Kunkel.
Por ese gesto el juez ha sido marginado por el oficialismo.
Ahora deberá confeccionar un dictamen en el que desestime o confirme que existen motivos para abrir un proceso de juicio político contra sus colegas. Luego ese informe será llevado a un plenario que deberá ratificarlo, caso contrario se caerá la acusación. Si la acusación es ratificada, entonces los cuestionados jueces de Casación quedarán automáticamente suspendidos en su cargo.
La Comisión de Acusación y Disciplina está dominada por una mayoría oficialista.
Además de Conti la integran Carlos Kunkel, María Laura Leguizamón, Nicolás Fernández y la representante del Poder Ejecutivo, Marcela Losardo. Fuera de ese bloque político están el abogado Santiago Montaña, el académico Mariano Candiotti y los jueces Cabral y Bunge Campos.
Este esquema se reproduce casi con similitud en el plenario del cuerpo. De los trece miembros del Consejo, cinco responden al gobierno, dos son radicales, tres son jueces, dos abogados y uno es académico.
Los números y el discurso presidencial, aunque violatorio de la Constitución, anticipan cuál será el final de los camaristas de Casación.
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