La Unión Cívica Radical entró ayer en un conflicto que puede llevarla a terminar como el Partido Justicialista: sin jefe e intervenida por la Justicia. El rionegrino Pablo Verani -uno de los dirigentes del radicalismo K-se presentó ante María Romilda Servini de Cubría para solicitar que se impugne la convocatoria al plenario de delegados que el viernes deberá elegir al nuevo presidente del radicalismo, antes que venza su mandato el 10 de diciembre. Considera que los delegados de las provincias, con algunas de éstas intervenidas, no tienen legitimidad para elegir nuevas autoridades.
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Hoy la presidencia partidaria la ocupa el jujeño Gerardo Morales que, a pesar de las internas, ya contaría con los votos necesarios para que ese plenario lo reelija. Después de la derrota en la elecciones junto a Roberto Lavagna, el radicalismo no sólo quedó herido sino dividido en tres fracciones: la UCR oficial, los radicales K y los seguidores de Margarita Stolbizer que partieron a la Coalición Cívica. Además en medio de esas fracciones existen innumerables grises, como el caso de los cordobeses que nunca terminan de definirse.
De todo ese universo, los radicales K son los únicos interesados en hacerse del control partidario y poder utilizar el sello oficial. Tienen encima el rencor acumulado contra la actual conducción por haber expulsado a algunos del partido, como Julio Cobos o el santiagueño Gerardo Zamora, o por las intervenciones a las provincias que acordaron con los Kirchner.
Propósito
Cobos ya anunció su intención no sólo de volver al partido, sino también de pelear por la conducción. Ayer Verani, otro de los concertadores de la UCR, presentó ante el juzgado de Servini de Cubría el pedido para declarar nula la convocatoria a la reunión del viernes.
En el Comité Nacional partidario están convencidos de que esa acción está destinada a meter a la UCR dentro de un proceso de judicialización que terminecon la acefalía en la conducción. Mientras Servini de Cubría decida seguirán corriendo los plazos procesales. En ese lapso puede llegar el 10 de diciembre y quedar sin conducción efectiva el partido, o por lo menos con una legalidad cuestionable por hacer vencido el mandato.
Si eso ocurre la jueza puede disponer intervención judicial, a pedido del radicalismo K, y dejar así al partido bajo un control externo.
El radicalismo, lo anticipó este diario la semana pasada, teme a ese horizonte como al infierno mismo. Está convencido de que el gobierno está detrás de la estrategia de Verani para terminar convirtiendo a la UCR en una cáscara intervenida como lo es hoy el Partido Justicialista.
Por eso ayer Morales confirmó que el plenario de delegados se realizará igual: «Hay delegados oficializados. Están dadas las condiciones para elegir autoridades por los próximos dos años», dijo. A pesar de eso el cordobés Mario Negri no estaba tan convencido: prefería esperar a que todas las provincias salgan de la intervención.
Morales, por el contrario, prometió presentar un plan para regularizar el radicalismo de las provincias K ni bien se renueve la conducción.
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