Intervención, pero antes el diálogo

En el gobierno se analiza avanzar en la reforma del PAMI a través del diálogo, si éste es posible; o de su intervención a través de la vía «legislativa y ejecutiva» para llegar a su normalización, aseguró ayer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández. El gobierno por ahora amagó con intervenirlo pidiendo autorización al Congreso por medio de un proyecto de ley, pero los cambios podrían darse sin llegar a esa instancia. La pelea es por el control de varias gerencias donde se definen millonarios contratos. Y para ésto creen contar con el aval de la CGT oficial de Rodolfo Daer, y la disidente de Hugo Moyano, que designarían nuevos delegados ante el PAMI, en lugar de los actuales, Domingo Petrecca y Reinaldo Hermoso.

Si bien este Fernández aclaró que la idea del gobierno no es llegar a la intervención, remarcó que «los dos directores propuestos por el gobierno (Juan González Gaviola y José Granero) encontraron muchas dificultades para trabajar con el nuevo directorio y la gerencia».

Ambos hallaron una férrea resistencia cuando intentaron desplazar a varios funcionarios a quienes se sindica vinculados al sindicalista Luis Barrionuevo, quien está nuevamente en el ojo de la tormenta luego del escándalo en las elecciones de Catamarca, cuando sus seguidores quisieron forzar su presentación como candidato a gobernador.

La obra social de los jubilados es sospechada, hasta ahora, de ser uno de los lugares por donde se esfuman millonarias sumas de dinero a través del accionar de funcionarios, directores e interventores, además de prestadores, entre otros actores principales.

En ese supuesto juego corrupto participan desde hace varios años, quizás décadas, militares, dirigentes justicialistas y del radicalismo, además de sindicalistas.

En la actualidad, existe consenso en amplios sectores de la sociedad que apoyan una reforma profunda del PAMI para eliminar la corrupción que afecta a los jubilados y pensionados.

El objetivo del gobierno de Néstor Kirchner es aplicar una rebaja de sueldos, ya que algunos funcionarios de primera línea del PAMI perciben alrededor de $ 5.000 mensuales, pero entre sueldos y gastos de representación cobran cerca de $ 12.000 por mes. Luego del enfrentamiento con la CGT por el control del organismo, el gobierno envió un proyecto de Ley al Congreso para intervenirlo, en caso de ser necesario recurrir a ese extremo.

En tanto, González Gaviola se reunirá con algunos gobernadores para extender el plan del gobierno hacia las delegaciones del PAMI en el interior.

«Al no haber un estado de caja, sumado a la denuncia del Defensor del Pueblo -Eduardo Mondino-, hizo que se pidiera la posibilidad de intervenirlo por vía legislativa y ejecutiva», explicó el jefe de Gabinete.

Fernández señaló, en declaraciones radiales, que los dos funcionarios designados «conocen perfectamente bien el PAMI, y ya presentaron un modelo, pero es necesario saber cuál es el punto de partida». El jefe de Gabinete expresó que «el mayor secreto» para manejar la obra social de los jubilados consiste en «cuidar los recursos, con eso se daría una revolución enorme».

«Debe manejarse con transparencia y eficiencia para darle salud a quienes más lo necesitan. El dinero recaudado debe convertirse en mejor servicio», aseveró.

El Poder Ejecutivo, en tanto, avalaría la designación de los sindicalistas Carlos Sueiro (Aduanas) y a Juan Carlos Schmid, del Sindicato de Dragado y Balizamiento. Este último forma parte del consejo directivo de la CGT que dirige Hugo Moyano.

Esos dos sindicalistas irían en reemplazo de los dirigentes gremiales Petrecca y Hermoso, de quienes aseguran que tienen una estrecha vinculación con Barrionuevo, además de estar en representación de la CGT oficial que preside Rodolfo Daer.