El reflujo del tema de las llamadas jubilaciones de privilegio -un clásico que usan los sucesivos gobiernos para dar testimonio de que adhieren a las quejas del público sobre esos excesos-se cobró ayer otra víctima de renombre. Nada menos que el juez argentino-español Enrique Bacigalupo, un hombre que en 1973, con la revoltosa administración camporista, fue procurador general del Tesoro de la Nación. En 1976 se exilió en España adonde completó su especialidad de abogado penalista y comenzó una nueva vida. Le fue muy bien, tanto que hoy integra la Suprema Corte de Justicia de su país de adopción. Además está siempre en el candelero. Le ha tocado fallar, es cierto, en casos polémicos y muy politizados, como el affaire Sogecable, donde se juzgó la participación presuntamente monopólica del grupo El País en la transmisión de televisión. También recibió denuncias serias, como la de haber actuado como gestor de la pensión por viudez de su maestro, el jurista y penalista español Luis Jiménez de Asúa, que vivió en la Argentina tras emigrar en 1939 de la España en guerra. Dio las explicaciones pero no ha podido separarse de otros conflictos propios de su tarea de juez, como la persecución con riesgo de su vida, de que es objeto por la organización terrorista ETA. Eso lo ha convertido en una personalidad que lleva una vida vigilada que le impide muchos movimientos. Ha sido también objeto de bromas, como la que usó el diario "El Mundo" de que Bacigalupo debía ser devuelto a la Argentina como represalia del daño que les ha infligido la crisis financiera a las empresas de la península. Que figure en la lista que mantiene en Internet la Procuración Nacional del Tesoro de las llamadas jubilaciones de privilegio lo vuelve a poner en el centro de la polémica. En intervenciones radiales de ayer negó que fue ilegal recibir ese retiro, pese a haberlo obtenido cuando tenía 49 años. También intentó despistar al decir que no recordaba si había renunciado a ese haber o no. Ayer se afirmaba que lo hizo en febrero pasado. Cobrar $ 3.500 de jubilación en la era de la convertibilidad 1 a 1 (entre 1991 y 2002) fue un real privilegio hasta para un retirado español. Ahora la devaluación ha castigado este haber, pero eso no le impide al penalista y magistrado argentino-español ser de nuevo noticia, más si no prueba en España que pagó impuestos por esos ingresos. Veamos el despacho del periódico madrileño "El Mundo".
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De hecho, el propio Bacigalupo reconoció ayer que le fue asignada esa pensión pero aseguró que no recordaba exactamente si había renunciado a ella o no.
En la página de Internet www.ptn.gov.ar/investigaciones/ lista.htm del gobierno argentino consta con el número de beneficio 01004429630, allí aparecen el nombre y el apellido del magistrado junto a un número de documento argentino, Libreta de Enrolamiento 4.278.285, y la asignación mensual de 3.500 pesos brutos al mes.
La razón para percibir este privilegio es que, hasta la categoría de secretarios de Estado y equivalentes, todos los políticos que pasaron por la función pública y legisladores tienen derecho a jubilarse antes que el resto de argentinos y con una paga especial.
Bacigalupo Zapater hizo uso de esa prerrogativa alegando que en 1973 había ocupado la Procuración General del Tesoro durante el brevísimo gobierno del peronista Héctor Cámpora, que duró menos de dos meses y terminó derrocado en un golpe palaciego promovido por Juan Perón, entonces exiliado en España.
Con el golpe de Estado de 1976, miles de argentinos marcharon al destierro a Espa-ña y otros países. Bacigalupo Zapater hizo lo propio. Tras la restauración democrática en 1983, muchos argentinos volvieron a su país. Bacigalupo prefirió quedarse pero no se desentendió del todo de los asuntos argentinos. Así fue que en julio de 1987, Enrique Bacigalupo tramitó y obtuvo por ley especial una jubilación, aunque en ese momento sólo tenía 49 años y la gran mayoría de los argentinos deben cumplir 65 años para gozar de un retiro.
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