Juicio por Vialidad: Cristina de Kirchner pidió que Casación revoque su condena

El abogado de la expresidenta habló por el espacio de dos horas en los tribunales de Comodoro Py. “Violaron de una manera grosera garantías constitucionales”, dedicó al tribunal.

Los abogados de Cristina de Kirchner pidieron que se revoque la condena. 

La defensa de Cristina de Kirchner expuso ante la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal sus argumentos y reclamó que se revoque la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida por defraudación al Estado.

Se trata de la causa sobre el presunto direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez de 51 obras viales en Santa Cruz que está en instancia de revisión.

El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi habló por el espacio de dos horas en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. “Violaron de una manera grosera garantías constitucionales” y dictaron una “sentencia manifiestamente arbitraria”, afirmó ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.

Jueces y fiscales “juegan en el mismo equipo”, dijo irónicamente Beraldi al remarcar que, en el fallo, los magistrados le mejoraron los argumentos a la fiscalía para poder condenar a Cristina.

Como lo había adelantado en sus redes sociales la propia CFK, Beraldi introdujo un nuevo elemento para fundamentar que la condena en primera instancia fue “injusta”. Se trata de un dictamen elaborado por el actual procurador de la Nación, Rodolfo Barra. El funcionario del gobierno de Javier Milei es especialista en derecho administrativo y sostuvo en un informe fechado el 2 de septiembre de 2023 que, tras la reforma constitucional de 1994, la administración general del país corresponde al jefe de Gabinete, por lo que la entonces presidenta no tuvo responsabilidad directa en la elaboración de los presupuestos, donde se designan las obras públicas para todo el país. Barra también afirmó en el documento que Vialidad Nacional es un ente autárquico; que las provincias son autónomas y que el decreto firmado por Cristina para el fideicomiso de obras públicas fue “legítimo”.

“Las tres toneladas de prueba que decía que tenía la fiscalía no le sirvieron al Tribunal para justificar la condena”. “De ese pesaje -dijo irónicamente Beraldi- “el Tribunal tomó sólo 300 gramos”. Y agregó: “Lo que los fiscales nos hicieron creer, sobre un supuesto plan delictivo que funcionó durante doce años” no se probó. Para Beraldi “no existió un solo elemento de prueba” de “asignación ilegítima para obras en Santa Cruz”, ni que se hayan dictado durante doce años leyes de presupuesto votadas por el Congreso en forma fraudulenta. “De manera categórica todas estas cuestiones quedaron desarticuladas”, aseguró el defensor. Y advirtió que “el propio tribunal dice cuando funda su condena que no tiene pruebas directas. Que la sentencia se funda en base a prueba indirecta o indicios”. En ese sentido recalcó que “no vino ningún testigo a este juicio” a decir que Cristina dio órdenes de beneficiar a Báez y que “no existe un solo elemento de prueba incorporado al juicio” para afirmar que CFK tuvo participación en el supuesto delito.

Disparate

Para Beraldi los jueces y fiscales del juicio faltaron a la verdad. “Dicen que los hechos están ocultos. Pero basta con mirar la sentencia para darse cuenta que toda la prueba no es oculta. Surge de la contabilidad oficial. Las partidas surgen de las leyes de presupuesto, de los decretos en el boletín oficial. ¿De qué ocultamiento hablan? ¿Por qué mienten de esta manera?”, expresó enérgico y calificó la sentencia de “disparate”.

El abogado de Cristina enumeró lo que consideró serias irregularidades cometidas a lo largo de la instrucción y del juicio oral. “Durante el juicio nos plantaron un perito”, dijo en referencia a Pablo Eloy Bona, al que acusó de estar “contaminado políticamente”. Bona había publicado en su red social Twitter insultos y acusaciones contra Cristina. “Ni con Bona pudieron probar que había una defraudación”, dijo. Y recordó que, además, peritaron solo 5 de las 51 obras sospechadas.

Beraldi repasó que en todas las instancias le negaron la posibilidad de ampliar el objeto procesal e investigar toda la obra pública. Y expuso como una contradicción que el Tribunal argumentó en su fallo que los empresarios se habían cartelizado pero antes, “cuando pedimos que investiguen a todos los empresarios nos negaron esa posibilidad. Y hasta después que terminó el juicio la fiscalía pidió que se investigue a todos los empresarios. Y a nosotros nos habían rechazado esa opción”, se quejó. Y afirmó que el Tribunal oral les “rechazó el 80% de la prueba” que presentaron.

La defensa sostuvo que el fallo del TOF2 está cargado de contradicciones. “Dicen una cosa y a las 20 páginas después dicen lo contrario”, expresó. “Por un lado, dicen que los funcionarios que estaban por debajo de Cristina no tenían ninguna responsabilidad de controlar las obras. Pero dicen que la entonces presidenta sí tendría que haber controlado. Dicen blanco y después dicen negro”, se quejó Beraldi. Y concluyó que en nuestro país “existen dos derechos. Uno, que se le aplica a todos los argentinos. Y otro que solo se le aplica a Cristina Fernández de Kirchner”.

El dictamen de Barra

Como novedad argumental, los abogados de la exvicepresidenta presentaron un dictamen de veinte páginas elaborado por el actual abogado del Estado Nacional, Rodolfo Barra. En el documento, el especialista en derecho administrativo explica por qué Cristina Kirchner no pudo haber tenido responsabilidad penal en el supuesto direccionamiento de las obras viales en Santa Cruz. Señala que en la Constitución de 1853 el presidente tenía todas las facultades. Pero con la reforma de 1994 se creó la figura del Jefe de Gabinete a quien se le delegó la administración del Estado y se colocó bajo su responsabilidad el ejercicio del Presupuesto Nacional. Esto, recordó Beraldi al Tribunal, lo establece el artículo 100 de la Carta Magna.

Decreto

El Tribunal encontró que Cristina fue responsable de las supuestas maniobras a partir de la firma del decreto 54/2009, que creó un fideicomiso para obras en todo el país. Sobre este punto, Barra explicitó que “no se observa ninguna responsabilidad penal objetiva de ninguna naturaleza en cabeza del presidente de la Nación, sea por el dictado del referido decreto, o bien por los posibles hechos delictivos que se hubiesen cometido”.

Beraldi agregó por su parte que es una herramienta legal y habitual en los gobiernos y mencionó decretos similares de otras administraciones, como por ejemplo la de Mauricio Macri para las PPP y la de Alberto Fernández para obras de Corredores Viales. Pero, además, afirmó que los fondos de los fideicomisos también pasan por el Congreso y están contemplados en las leyes de presupuesto, por lo que tienen contralor y son públicos.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu infirieron que la sola firma de ese decreto era para beneficiar a Báez y luego lo conectaron con la teoría del plan limpiar todo y con las sociedades comerciales de Báez y la familia Kirchner. “¿En qué país estamos viviendo?”, lanzó Beraldi en un tono poco habitual en él. “A Lázaro Báez durante nueve meses no le habían hecho ningún pago con esos fondos, sino que el dinero fue a otras empresas constructoras”, desatcó.

Plan limpiar todo

“Tuvieron la viveza de introducir esto al final del juicio”, advirtió el defensor.

Aseguró que “los fiscales inventaron que se le pagó a Báez 500 millones de pesos y que se ordenó abandonar las obras para borrar los delitos que supuestamente se habían cometido. Y dijeron que la responsable de esto era CFK. Todo se sostiene en inferencias de los fiscales sobre las conversaciones de José López”, explicó.

Y afirmó que “todo lo que sostuvieron fue mentira” y que su defendida no pudo defenderse sobre esa prueba. Se trata de los chats del WhatsApp del exsecretario de Obras Públicas, José López, que fueron incorporados como prueba al final del juicio y fueron extraídos de otro expediente. El punto es que en el juicio de Vialidad no se llamó a un solo testigo para indagar sobre esos mensajes y tampoco se amplió la acusación para que los imputados pudieran ser preguntados sobre esa prueba. Beraldi recordó que cuando CFK quiso ampliar su indagatoria post introducción de los chats, el Tribunal no se lo permitió.

Respecto de los contenidos de las conversaciones, Beraldi reiteró que probaron que la exmandataria no estaba en Santa Cruz el día en que los fiscales afirmaron que se reunió con Báez para concretar el presunto plan de fuga. “Esto no se lo cree ni un chico y está escrito en una sentencia”, dijo. “Esto tiene que ser arreglado. No puede ser convalidado. Decían que querían apurar la salida porque venía un nuevo gobernador, pero el nuevo gobernador era Alicia Kirchner. Es insólito”.

Relaciones comerciales con Báez

El defensor advirtió que las relaciones comerciales entre la familia Kirchner y Báez es un tema remanido en todas las causas contra Cristina, pero que nunca se probó delito alguno en ese vínculo. Beraldi afirmó quedó demostrado que las relaciones comerciales no eran ficticias ni significaron retornos para la exfuncionaria como afirmaba la acusación.

Asociación ilícita

Beraldi insistió en que no puede aplicarse la figura de asociación ilícita como reclama el fiscal ante Casación Mario Villar, ya que el Código establece que para esa figura se debe establecer la multiplicidad indeterminada de delitos. Sin embargo, advirtió que los propios fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dijeron que había delitos individualizados. Es decir, que se defraudó al Estado a partir de la designación y pago de obras puntuales.

Por todo lo expuesto y haciendo fuerte hincapié en las irregularidades cometidas durante el proceso, el abogado reclamó que se revea la condena a Cristina y que en esta instancia se cite a declarar como testigo al Procurador Rodolfo Barra. “Le pedimos al tribunal que absuelva de culpa y cargo a nuestra defendida”, concluyó.

Luego de un breve cuarto intermedio fue el turno de la defensa oficial de José López, que también pidió que el exfuncionario condenado en otra causa por enriquecimiento ilícito sea absuelto. El cronograma de audiencias de apelación continuará la semana que viene y finalizará el 4 de abril, tras lo cual el Tribunal quedará en condiciones de resolver.