Ecuador: Noboa consigue apoyo para extraditar criminales, pero sufre rechazo a flexibilizar el empleo

El gobierno de Daniel Noboa sometió a referéndum 11 preguntas sobre endurecer las penas contra el narcotráfico, habilitar el trabajo por hora y permitir arbitrajes internacionales.

El presidente Daniel Noboa en el centro de la inauguración del referéndum. 

Ecuador votó a favor de la extradición de narcotraficantes y miembros del crimen organizado, bajo un clima de terror por el asesinato de dos alcaldes esta semana, la imparable violencia y una crisis eléctrica. La ciudadanía rechazó la flexibilización de los contratos laborales y el arbitraje internacional.

El Sí a favor de la extradición recibió un 72% de apoyo, mientras que el No captó 25% del total de sufragios, incluidos blancos y nulos, de acuerdo a un sondeo de la empresa Infinity Estrategas contratada por el gobierno y difundido en directo por el canal Teleamazonas.

La misma consultora informó que, según sus estimaciones, la pregunta para permitir los arbitrajes internacionales en cualquier jurisdicción obtuvo un 59,44 % de votos válidos en contra, frente a 40,56 % a favor. En tanto que la consulta sobre flexibilizar la contratación laboral registró un 65,91 % votos en contra y 34,09 % a favor.

Unos 13,6 millones de los 17,7 millones de habitantes estuvieron llamados a votar por Sí o No en 11 preguntas impulsadas por el mandatario Daniel Noboa, para quien la consulta popular será un termómetro de cara a una eventual reelección en febrero próximo.

Con camisa blanca y pantalón oscuro, el gobernante sufragó en el balneario costero de Olón (suroeste), bajo un fuerte resguardo militar. Noboa, quien se retiró sin dar declaraciones, recibirá en Quito los resultados de un conteo rápido del CNE previsto para esta noche.

El referendo "definirá el rumbo y la política de Estado que tomaremos para poder afrontar el reto de luchar contra la violencia, el crimen organizado", dijo temprano en la inauguración de la jornada, que concluirá hacia las 17H00 locales (22H00 GMT) tras diez horas de votación.

La extradición de ecuatorianos es la punta de lanza del referendo, cuando la Constitución la prohíbe. Previo al referéndum, un 59% del electorado se manifestaba de acuerdo, según la investigadora Comunicaliza. La población fue consultada sobre este asunto en febrero de 2023, antes del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, y el No se impuso con 52%.

De 36 años y elegido en atípicos comicios para 18 meses (hasta mayo de 2025), Noboa incluyó preguntas sobre la ampliación de las funciones de los militares en la lucha contra el crimen y el aumento de las penas para delitos como narcotráfico.

"Lo más probable es que el partido de hoy termine 9 a 2" del total de preguntas, expresó el domingo el gerente de la encuestadora Comunicaliza, Álvaro Marchante en X.

¿Qué votan los ecuatorianos? Principales puntos del referéndum en Ecuador

Las once preguntas planteadas por el presidente de Ecuador en el referendo de este domingo apuntan a permitir la extradición de connacionales, endurecer condenas contra el crimen organizado, crear judicaturas especializadas y restablecer el trabajo por horas y el arbitraje internacional.

La interrogantes, a las que los ecuatorianos responderán "Sí" o "No", serán resueltas mediante un referendo (cinco) y consulta popular (seis), apuntan a darle un mayor protagonismo a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico, que ha convertido a la nación en estratégico centro de sus operaciones y desatado una ola de violencia.

• Que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la policía para combatir el crimen organizado.

Actualmente, la Constitución establece que los militares están a cargo de la defensa de la soberanía, mientras que el mantenimiento del orden público es responsabilidad de la policía.

• Permitir la extradición.

La Constitución determina que en ningún caso se concederá la extradición de ciudadanos ecuatorianos. La enmienda constitucional propuesta se refiere a delitos de terrorismo y contra la humanidad, con la condición de no aplicarse la pena de muerte en el país de destino.

• Establecer judicaturas especializadas en materia constitucional.

Los jueces especializados, que de aprobarse la medida se instalarán en todo el país, resolverán exclusivamente en sus propias jurisdicciones. En Ecuador se han dado casos en que políticos y delincuentes se han visto beneficiados por medidas de amparo dictadas por magistrados de lugares que no corresponden a los procesos.

• Reconocer al arbitraje internacional para solucionar controversias en inversión y comerciales.

En el gobierno del expresidente socialista Rafael Correa (2007-2017), Ecuador dio por terminados los tratados bilaterales de inversión y se retiró de organismos de arbitraje como el CIADI.

• Establecer el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas.

La administración de Correa eliminó el trabajo por horas al considerar que precarizaba las condiciones laborales. La iniciativa de Noboa para fomentar empleo es rechazada por sectores sindicales e indígenas.

• Que las Fuerzas Armadas realicen controles de armas en los accesos a cárceles.

Las prisiones, donde las autoridades han hallado armas más sofisticadas que las de la propia fuerza pública, han sido escenarios de cruentas matanzas entre presos miembros de bandas narco que se disputan el poder.

• Incremento de penas para diez delitos como terrorismo, narcotráfico y sicariato.

Noboa, en guerra contra el narcotráfico, declaró "terroristas" a una veintena de bandas. Ese delito es ahora sancionado con hasta 13 años de cárcel.

• Eliminación de rebajas de penas para los condenados por delitos como terrorismo.

• Que la fuerza pública pueda utilizar de inmediato las armas incautadas.

• Tipificar el delito de tenencia o porte de armas de uso privativo de militares y policías.

• Simplificar el procedimiento de la ley de Extinción de Dominio para que el Estado pase a ser titular de los bienes de origen ilícito o injustificado (incautados).

De ganar el Sí en el referendo, las enmiendas constitucionales entrarán en vigencia en cuanto los resultados sean publicados en el Registro (Diario) Oficial.

En el caso de la consulta popular, las propuestas deberán ser debatidas y aprobadas por la unicameral Asamblea Nacional (Congreso), en el que la oposición es mayoría pero está dispersa.