Las 24 horas posteriores al discurso de asunción del presidente Alberto Fernández estuvieron surcadas por especulaciones respecto de los alcances del anuncio de reforma del fuero federal (especialmente el penal) y de la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Hasta anoche no había sido designado un “interventor” y luego de sendas renuncias de Gustavo Arribas y de Silvia Majdalani, la central de espías quedó descabezada, sin los nombres asignados al “Señor 5” y al “Señor 8”.
Eso sin contar la espera para verificar si en el Presupuesto que enviará al Congreso la nueva administración queda plasmada la intención de quitar los denominados “fondos reservados” para cuestiones de inteligencia, una de las jugadas arriesgadas que fueron el eje del discurso en el plano institucional. Los más de $3.600 millones que estaban previstos para 2020 no serán los que cubran el agujero presupuestario para paliar el hambre, sino el simbolismo con el que Fernández quiere trazar una bisectriz respecto del accionar del espionaje criollo en cuestiones domésticas de bajo calibre y en su influencia a nivel judicial.
Las oficinas de la calle 25 de Mayo 11 esperaban un inminente desembarco. Cualquier demora podría generar un efecto estampida que por subterráneo no sería menos peligroso. También se pusieron en alerta agencias extranjeras que tienen sus muy disimuladas bases de operación en el país. No saben hasta qué punto quedará reducida la AFI ni cuál es el formato de “profesionalismo” propuesto por la nueva gestión. La chance de que el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, ocupe esa poltrona (junto a un equipo de trabajo) fue uno de las especulaciones respecto del futuro de la Agencia que, además, será “partida” como había adelantado Ámbito Financiero. Una intriga precedió la llegada al poder de los encargados de delinear la nueva política de seguridad nacional. No había información acerca de qué oficina tenía a su cargo el poderoso software”Pegasus”, capaz de intervenir mensajes de WhastApp y Telegram, los servicios de mensajería mejor encriptados. ¿Lo tiene Seguridad o la AFI?, se preguntaban.
En otro frente, y desde que las palabras presidenciales retumbaron la Asamblea Legislativa, los jueces comenzaron a mirarse de reojo respecto de los reales destinatarios de la advertencia por la que todos ahora deberán atravesar el “reformismo” y un “Nunca más” propio. Especularon con que la nominación de Juan Martín Mena para ocupar la Secretaría de Justicia -debajo de Marcela Losardo- signifique la señal de quién será el ejecutor de la transformación que atravesará el trámite del Congreso, según lo anticipado. Los magistrados mezclaron sensaciones: por un lado, cierta ansiedad y expectativa respecto de cuáles serán los términos de los cambios, a los que siempre son refractarios. El segundo, un dejo de escepticismo en torno de la “solución” que encara el Gobierno respecto de la crítica situación en la que quedó sumido el Poder Judicial en el diagnóstico oficial. Las reflexiones podrían resumirse en una queja: nada de lo ocurrido fue a espaldas de la “política” que se sirvió y hasta alentó la partidización de los jueces; varias veces hubo intentos de depuración que fueron obturados en las instancias institucionales o permitieron la continuidad de los procesos disciplinarios (el kirchnerismo y Claudio Bonadio tienen una larga historia de encuentros y desencuentros pero sin nunca estar en juego un eventual juicio político) y por último, una ausencia de músculo para resolver los dramas de Comodoro Py mediante los mecanismos establecidos. Los jueces desafiaban así a la nueva administración a usar la llave del Consejo de la Magistratura para apuntar directamente a los destinatarios del mensaje.
En cuanto a licuar el poder de los magistrados de Comodoro Py surgió una segunda hipótesis que podría -gradualmente- significar una ampliación de juzgados: fusionar, en principio, Comodoro Py con el fuero Penal Económico e incluir en ese paquete a los juzgados federales del conurbano, diluyendo la competencia territorial pero multiplicando exponencialmente la cantidad de juzgados, duplicando las Cámaras de Apelaciones y sumando un tercio de Tribunales Orales Federales.
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