La carátula de la demanda argentina ante el tribunal de La
Haya que busca frenar la construcción de plantas papeleras
contaminantes en el Uruguay está redactada en francés y
la firma el canciller Jorge Taiana.
El Gobierno argentino pidió hoy a la Corte Internacional de Justicia que obligue a Uruguay a paralizar la construcción de las dos fábricas de papel que motivan la disputa entre ambos países, al entender que es la única manera de preservar sus derechos y proteger al medio ambiente de "daños irreparables".
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"Sólo las medidas cautelares pueden evitar lo irreparable", advirtió a los jueces el francés Alain Pellet, el último de la tanda de profesores en derecho internacional que defendieron hoy las demandas argentinas en la sala grande de audiencias de la Corte.
Previamente, la consejera legal del Ministerio argentino de Asuntos Exteriores, Susana Ruiz Cerutti, lamentó ante los jueces que su país haya acudido por primera vez a esta Corte para enfrentarse a otro con el que le unen "vínculos históricos, culturales y de amistad".
Pero al detallar el caso, Cerutti censuró repetidas veces la "unilateralidad" con que Montevideo ha decidido, a su juicio, la construcción de las plantas, con la consiguiente violación del tratado bilateral que rige la gestión del Río Uruguay, hito fronterizo sobre cuya ribera uruguaya se ubicarían las fábricas.
Cerutti explicó que el mencionado tratado -el Estatuto del Río Uruguay de 1975- impone a cada parte la obligación de notificar "previamente" a la otra la ejecución de este tipo de proyectos y de escuchar sus posibles observaciones.
"Subrayo la palabra previamente", dijo Cerutti, quien alertó de que "en estos momentos en los que comparecemos ante la Corte, continúa la construcción de las dos fábricas de talla monumental al objeto de convertirlas en hechos consumados".
El jurista británico Philippe Sands insistió en la idea de que el Estatuto establece un "régimen común" para la explotación del mismo, que obliga a cada una de las partes a "notificar previamente a la otra cualquier proyecto que afecte a la calidad de sus aguas".
"Dado que Argentina ha rechazado repetidas veces este proyecto, Uruguay no está legitimado para hacer ninguna obra en absoluto", sostuvo.
Por su parte, Marcelo Kohen, profesor de la Universidad de Ginebra, consideró que la suspensión judicial de las obras "es la única opción posible" para preservar los derechos de las partes y la propia competencia de la Corte Internacional en la materia, ya que su construcción definitiva haría el agravio irreversible.
Añadió que la suspensión cautelar es "materialmente viable" dado que los trabajos de construcción se encuentran aún "en una fase temprana" y que "la opción de reubicar las fábricas" como fórmula para arreglar la disputa "no puede descartarse".
Alain Pellet, de la Universidad de París X-Nanterre, defendió que se dan las condiciones jurídicas para que este tribunal decrete una suspensión cautelar de las obras: competencia de la Corte Internacional en el caso y riesgo "grave de daños irreparables".
"La construcción causa ya daños y su eventual puesta en marcha agravaría la situación", dijo Pellet, que advirtió a los jueces de que la apertura de las fábricas -prevista para mediados 2007, en el caso de la de Botnia, y en 2008, en el de Ence- "llegará antes de que ustedes hayan dictado sentencia, por muy rápido que vayan".
Por su parte, Romina Picolotti, presidenta de la organización no gubernamental Centro de Derechos Humanos y el Medio Ambiente, advirtió a los jueces de los efectos nocivos de las plantas -asignadas a la empresa española Ence y a la finlandesa Botnia- sobre el ecosistema y las poblaciones del río Uruguay.
Picolotti criticó la falta de estudios de impacto medioambiental para dos plantas que producirán en conjunto 1,5 millones de toneladas de pasta de papel al año -"uno de los mayores volúmenes del planeta"- y alertó de que su ubicación, junto a la localidad uruguaya de Fray Bentos y separadas por sólo 7 kilómetros, agrava los riesgos.
Tras la intervención de la delegación argentina, la presidenta de la Corte, la británica Rosalyn Higgins, ordenó un receso en la vista, que se reanudará hoy con la intervención de la parte uruguaya y proseguirá mañana con los turnos de réplica.
El Gobierno uruguayo defendió hoy ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que la suspensión cautelar de la construcción de las dos plantas papeleras que le enfrenta con Argentina tendría efectos "catastróficos".
El embajador uruguayo en Francia, Héctor Gros Espiell, que encabeza la delegación de su país en la primera vista oral del litigio, aseguró a los jueces que los trabajos de construcción de las plantas no representan "ninguna amenaza actual, ni inminente, de causar daños, con carácter irreversible" en el medioambiente.
En cambio, aseguró que la suspensión de las obras -solicitada por Argentina como medida cautelar hasta que diriman el fondo del litigio- "sería un acto de extrema gravedad", al dejar en el aire inversiones por valor de u$s1.800 millones en Uruguay.
"Afectaría de forma grave e injustificada, de manera catastrófica, al derecho de Uruguay de instalar industrias modernas y necesarias para su desarrollo", subrayó Gros Espiell.
Ante los jueces de la CIJ, el embajador explicó que Uruguay "posee una larga tradición de respeto al derecho internacional", al tiempo que es "un ejemplo en materia de protección de medio ambiente" -citó estudios que lo situaban en cabeza del ránking mundial junto con Finlandia y Noruega-.
Agregó al respecto que las empresas que operarán las fábricas de la controversia, la española Ence y la finlandesa Botnia, estarán obligadas a cumplir requisitos equivalentes a los de la normativa medioambiental de la Unión Europea para el sector del papel.
Argentina ha demandado a Uruguay ante la Corte Internacional aduciendo el incumplimiento del Estatuto del Río Uruguay, tratado bilateral que rige la gestión conjunta de este río fronterizo en cuya ribera uruguaya se ubicarán las plantas, y ha pedido la suspensión cautelar de la construcción de las mismas.
Gross Espiell negó hoy que haya tal incumplimiento y aseguró que su Gobierno se ha ofrecido a colaborar con el argentino "de buena fe en el marco de las competencias de la CARU", -la comisión administradora del río instaurada por el mencionado estatuto-.
Además del embajador, varios expertos y juristas internacionales deben hablar hoy ante la Corte en defensa de las posiciones uruguayas.
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