El conflicto entre la Argentina y Uruguay por las papeleras de Fray Bentos se trasladará durante casi un mes al Tribunal de La Haya. El 18 de diciembre comenzará el caso presentado ayer por el gobierno de Tabaré Vázquez, que peticionó ante la Corte Internacional una medida cautelar que permita la apertura de los puentes binacionales. Pero, además, el 15 de enero la Corte fijó la fecha para que la Argentina presente su escrito en contra del país vecino, por la supuesta violación del Tratado del Río Uruguay en cuatro oportunidades diferentes, al avalar el levantamiento de la planta de Botnia.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
De esta manera, en algo menos de un mes, el tribunal internacional tendrá que concentrarse en resolver dos situaciones diferentes dentro del mismo caso, mientas que las cancillerías de los dos países en litigio tendrán que concentrar sus fuerzas en esa ciudad holandesa. Para esto, en las próximas horas, los equipos de los dos países comenzarán a diseñar sus estrategias legales y políticas para llevar adelante las posiciones sobre ambos litigios en la Corte. Según fuentes de la Cancillería argentina, que dirige Jorge Taiana, el grupo local permanecerá trabajando en Europa durante todo este período, y sólo se tomará unos días entre el 22 de diciembre y el 1 de enero para que los representantes locales pasen las fiestas en familia.
Los delegados del gobierno argentino para esta nueva etapa en el conflicto por las papeleras de Fray Bentos, que el martes fueron confirmados por Taiana en París, serán los embajadores Susana Ruiz Cerrutti y Horacio Basabe y los abogados que representarán legalmente al país ante el tribunal, el francés Alain Pellet, el inglés Philippe Sands, el argentino radicado en Suiza, Marcelo Kohen y la suiza Laurence Boisson. Por ahora, y hasta nuevo aviso desde Buenos Aires, la secretaria de Medio Ambiente, Romina Picolotti, quedará desplazada del equipo, y sólo volvería a formar parte si Néstor Kirchner decide lo contrario.
Las estrategias que llevará adelante el equipo argentino ante La Haya sobre las pasteras de Fray Bentos son las siguientes:
Caso 1. Ayer, la Corte Internacional fijó fecha para el 18 de diciembre para la audiencia pública sobre la petición de Uruguay para que imponga medidas cautelares que permitan garantizar el tráfico con la Argentina. En un comunicado, la CIJ confirmó que recibió la petición de Uruguay en la que solicita que la Argentina garantice la libre circulación entre ambos países, interrumpida en el puente que une la ciudad uruguaya de Fray Bentos con la argentina de Gualeguaychú. Uruguay pidió a la CIJ que, hasta que dictamine sobre la disputa entre ambos países por la instalación de la papelera, se «tomen las medidas apropiadas para prevenir o finalizar la interrupción del tránsito entre Uruguay y la Argentina».
En su solicitud, Montevideo indica que desde el pasado 20 de noviembre «grupos organizados de argentinos han bloqueado un puente internacional de vital importancia sobre el río Uruguay, impidiendo la circulación comercial y turística» entre los dos países. La demanda añade el temor de que los cortes del puente se prolonguen «hasta finales de febrero de 2007», lo cual tendrá un costo de «cientos de millones de dólares».
Uruguay denuncia que el gobierno de la Argentina «no ha tomado acción alguna en contra del bloqueo» del puente y argumenta que la finalidad última del Ejecutivo del país vecino es «evitar» que la papelera todavía en construcción de Botnia llegue a estar operativa.
Esto supondría, a su juicio, una interferencia en el contencioso sobre el que la CIJ todavía debe pronunciarse respecto de la instalación de la papelera en la ribera del río Uruguay, límite natural entre ambos países, y que Buenos Aires rechaza por considerarla contaminante. Además, Montevideo hace hincapié en que sus «repetidas protestas sobre los cortes» por vía diplomática han fracasado y recalca que «la respuesta de la Argentina ha sido bien ignorar, bien rechazar» las quejas.
Ante esto, la Argentina contrarrestará con argumentos similares a los utilizados cuando se debió enfrentar una acusación similar pero dentro de los tribunales del Mercosur, donde el gobierno uruguayo llevó a la Argentina por los cortes de Gualeguaychú. Allí el gobierno argumentó que se lo debe desvincular con esas medidas de fuerza, ya que fueron tomadas unilateralmente por los manifestantes de Gualeguaychú, sin ser alentadas ni fomentadas desde Buenos Aires.
Como consecuencia de lo anterior, no se puede vincular ni responsabilizar al gobierno nacional con los cortes, con lo cual la acusación que relaciona estas medidas con la presión para que las plantas no estén operativas no tendría razonabilidad jurídica.
Además considera la Argentina que no se puede obligar a ningún gobierno a reprimir una manifestación popular, aunque ésta determine cortes de rutas.
Caso 2. El gobierno local pensó en algún momento en no incluir la última acusación contra el gobierno uruguayo, sobre la autorización de avanzar más en el retiro de agua para favorecer la operatoria futura de Botnia; en lo que representaba la cuarta acusación por violación del Tratado del Río Uruguay por parte del país vecino. Sin embargo, desde ayer el equipo argentino prepara que esta presentación se concrete.
Será el 15 de enero, cuando la Argentina deba efectivizar la entrega del escrito final donde se argumentará sobre el porqué de la acusación contra Uruguay en relación con la violación del tratado en cuestión. A lo que se apuntará luego, es a que el tribunal obligue al gobierno de Tabaré Vázquez a estudiar en conjunto la inversión de Botnia.
En realidad el fallo se conocerá a mediados o fines de 2008, mientras que se estima que la pastera de la empresa finlandesa, en el peor de los casos, para octubre de 2007 ya estará operativa.
Dejá tu comentario