La Haya - El 15 de enero, la Argentina y Uruguay tendrán un nuevo capítulo del conflicto por las papeleras de Fray Bentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ). Esta vez será por el caso de fondo, la denuncia del gobierno de Néstor Kirchner contra el país vecino por la violación del tratado del río Uruguay. La Argentina ampliará su acusación, afirmando que las faltas confirmadas ya no son tres como consta en la primera presentación de mayo de este año, sino cinco ya que se sumarán la aprobación unilateral de la duplicación del avance sobre las aguas del puerto de Botnia y la autorización para que este comience a operar antes de tiempo.
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Estos dos nuevos capítulos se suman a las tres acusaciones originales: la decisión unilateral por parte de Uruguay de autorizar la construcción de las plantas de Botnia, de ENCE y del puerto. Este planteo llegará ante la secretaría de la CIJ el 15 de enero, presentado en unos 125 ejemplares de 125 páginas y 5 volúmenes de anexos que componen la Memoria, el documento obligatorio que un denunciantedebe presentar ante el tribunal luego de iniciado y aceptado un juicio de fondo en este ámbito. Uruguay se tomará todo el tiempo disponible para responder a esta presentación, con el propósito de ganar tiempo para que la planta de Botnia esté más cerca de la finalización de su construcción, la que se espera para el último trimestre de 2007.
La CIJ da 6 meses de tiempo para que llegue esta respuesta, con lo cual Uruguay tendrá tiempo hasta el 15 de julio para cumplir con la tarea. La Corte puede considerarque haya entonces, una segunda ronda de presentaciones, con lo que el Estado demandante (Argentina) presenta una réplica, a la que Uruguay rebatir en una dúplica. Si esto se cumple, y la CIJ obliga a esta segunda ronda de presentaciones, la definición del caso se trasladaría a bien entrado 2008, mucho tiempo después de que Botnia ya esté trabajando a pleno.
Responsabilidad
Esta alternativa no preocupa a la abogada de la Argentina, Susana Ruiz Cerutti, que ante la consulta de este diario sobre la alternativa de que la pastera esté en plena actividad para cuando se conozca el fallo de la CIJ, declaró que en el caso que el Tribunal encuentre a Uruguay culpable, «ya aclaró en mayo, cuando presentamos la medida cautelar para paralizar las obras, que autorizaba el proyecto porque no encontraba pruebas sobre la posible contaminación, pero que lo hacía bajo la responsabilidad de Uruguay. Incluso aclaró que puede ordenar el desmantelamiento de la planta». El martes pasado, cuando terminó su presentación en el Tribunal durante largas horas en la embajada en los Países Bajos, Ruiz Cerruti y los abogados contratados por el país para que lo representen ante la CIJ, (el suizoargentino Marcelo Kohen y el francés Alain Pellet), trabajaron para terminar de calibrar el texto de la Memoria.
En París, continuó trabajando el otro abogado contratado, el inglés Phillipe Sands, autor de la ingeniería legal del documento que se conocerá el 15 de enero.
Más allá del hermetismo con el que trabaja este equipo, que completa el embajador ante La Haya y los Países Bajos, Santos Goñi Marenco, se sabe que la decisión política del gobierno argentino es la de profundizar la acusación contra Uruguay con otros dos casos que complicarían aún más, para los ojos argentinos, el proyecto de Botnia. Estas son, según explica la embajadora Ruiz Cerutti, la decisión en noviembre pasado de autorizar a la empresa finlandesa la ampliación del « retiro de aguas a 60.000 metros cúbicos» lo que «afecta a la calidad y el régimen del río», además de la aceptación para que «el puerto de Botnia comience ya a operar para que lleguen a ese punto los materiales de construcción para levantar la planta». Ambas decisiones fueron tomadas de manera unilateral por parte del gobierno de Tabaré Vázquez, cuando además el caso de las papeleras ya estaba en la CIJ, lo que complicaría aún más la situación. Para la embajadora «no se trata de un territorio propio y único de Uruguay. Estamos ante una vía binacional protegida por un tratado internacional que fue violado, lo que no le permite a Uruguay a hacer cualquier cosa de manera unilateral y sin consultar». Según Cerutti, no se puede decir «yo hago lo que quiero porque es mi desarrollo. No es así, así no funcionan las cosas. Uruguay no puede actuar unilateralmente».
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