Docentes y
grupos de
izquierda se
movilizaron
ayer en la
Plaza de
Mayo en
apoyo a las
protestas que
se desplegaron
en Río
Gallegos.
La tarde de Buenos Aires se impregnó ayer del conflicto santacruceño. Apenas unas horas después del respaldo que recibió de agrupaciones kirchneristas la ministra Alicia Kirchner, por el escrache del sábado, distintas organizaciones gremiales y sociales convergieron en la Plaza de Mayo para apuntalar el reclamo salarial de los docentes sureños.
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Las columnas se habían concentrado en la Casa de Santa Cruz y marcharon hacia la histórica plaza portando, incluso, carteles aludiendo a los incidentes que tuvieron lugar el lunes en Constitución. A medida que los manifestantes avanzaron, se fueron sumando referentes de piqueteros duros hasta consolidar una importante masa humana que recaló finalmente frente a la Casa Rosada, donde se leyó una nota de adhesión a los docentes patagónicos.
Entre quienes adhirieron a la protesta se encontraban la Corriente Clasista y Combativa, MST «Teresa Vive», MTR «12 de abril», el Polo Obrero, la Federación Universitaria de Buenos Aires, el Partido Obrero y el Partido de los Trabajadores Socialistas.
Por la mañana, en la propia Santa Cruz, mientras aguardabancon expectativa las negociaciones en Buenos Aires, cerca de 700 docentes y empleados municipales de Río Gallegos concretaron una marcha con cacerolazo que desembocó en el juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional 1 de Santiago Lozada, desde donde lanzaron fuertes críticas a la Justicia provincial, a la que tildaron de adicta al poder político.
Al llegar al frente del tribunal, los manifestantes reclamaron que el magistrado aplique a la investigación por la represión que sufrieron trabajadores municipales la semana pasada «la misma celeridad» que le imprime a la causa iniciada tras el escrache que padeció el pasado sábado la ministra Alicia Kirchner.
Solidaridad
En la concentración, además fueron hechos públicos comunicados de la Asociación de Abogados Laboralistas (a nivel nacional) y de la comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en solidaridad con la situación que atraviesan los letrados Javier Pérez Gallart, Bernardino Zafranni y José Luis Janezak, pertenecientes a la Asociación de Abogados de Río Gallegos, quienes fueron señalados por la hermana de Néstor Kirchner en la denuncia judicial que presentó el mismo sábado en el juzgado de Lozada, tras la agresión.
En sintonía, la Asociación de Docentes de Santa Cruz ( ADOSAC) exigió en un comunicado que la Justicia «castigue a los funcionarios represores de forma urgente». «En medio de la campaña nacional de prensa que exagera y valora de forma interesada el episodio del escrache espontáneo a la ministra Kirchner, la realidad es que la Justicia sigue sin citar al (jefe de la Policía provincial, Wilfredo) Roque y a los funcionarios responsables de la represión a los docentes y trabajadores municipales», denunciaron. Se trata del accionar policial que terminó por empujar a Carlos Sancho a su renuncia.
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