La Libertad Avanza paralizó el funcionamiento de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y hay preocupación. En un encuentro a puertas cerradas, la comisión bicameral que se encarga de la supervisión de ese organismo, y que está copada por el oficialismo y aliados, resolvió impulsar una auditoría en el organismo técnico que provee al Poder Legislativo de información técnica. “Quieren ponerle un bozal”, alertaron desde la oposición. Hay preocupación por las verdaderas intenciones sobre el organismo.
La semana pasada y a puertas cerradas, se reunió la comisión bicameral que debe hacer un seguimiento de la OPC. Sin ningún tipo de transmisión por los canales oficiales del Senado (Senado TV o YouTube), el cuerpo que conduce el senador libertario Agustín Monteverde resolvió disponer una auditoría en ese organismo. “Ese mismo día cayeron los auditores”, dijo una fuente a este medio.
La medida fue acompañada por el resto de los integrantes de esa comisión, que está compuesta por las autoridades de las comisiones de Presupuesto de ambas cámaras, salvo el peronista Carlos Castagneto (UP). El resto de los legisladores, que son los diputados “Bertie” Benegas Lynch (LLA), Daiana Fernández Molero (PRO), y la senadora Silvana Schneider (UCR), además de Monteverde, le dieron el visto bueno con su firma.
Con esa auditoría puesta en marcha, se vio afectada la operatividad de la OPC, que dejó de publicar sus informes mensuales, hasta tanto la bicameral se expida. Al mismo tiempo, la bicameral (siempre sin el acompañamiento del diputado de UP), le pidió a la OPC que vuelva a elaborar su memoria 2025 y plan de trabajo anual, pese a que ambos habían sido presentados. El pedido fue que presente su contenido de otra manera. En tanto, Castagneto solicitó que la bicameral se reúna en 15 días y que convoque al titular de la OPC.
Al menos hasta ahora, el oficialismo solo puso en marcha una auditoría, y, tal cual fundamentó Monteverde en diálogo con este medio, responde a que ya se acumulan 3 ejercicios fiscales sin que haya habido un “examen” de su gestión por parte de la comisión que él preside desde la semana pasada, cuando el cuerpo se constituyó. ¿El motivo? Durante los dos primeros años de LLA, la bicameral no se conformó.
Una auditoría que levantó sospechas
“Por ahora es sólo una auditoria”, aclaran autoridades del Congreso. Aunque, detrás de esa auditoria, hay quienes sospechan que LLA “quiere quedarse con el control de la OPC”, como por ejemplo desconfían desde el peronismo, donde también alertan que el oficialismo busca usarla a su favor. Las sospechas que se sembraron en los distintos bloques opositores responde, como fundamentaron en diálogo con este medio, a que el Gobierno “no quiere decir cuánto salen sus iniciativas”.
Un ejemplo fue cuando se discutió en comisión el nuevo Régimen Penal Juvenil que se sancionó tiempo atrás. Pese a los pedidos de la oposición, el oficialismo jamás le solicitó a la OPC que estimara su costo. Cualquier gasto fiscal impulsado por el Gobierno va, claramente, a contramano de la motosierra que el presidente Javier Milei embandera.
Silvana Schneider Agustín Monteverde
Las autoridades de las comisiones de Presupuesto integran la bicameral de la OPC.
Senado
Pero al mismo tiempo, la OPC podría jugarle en contra al Gobierno y la veracidad de su relato en otras cuestiones. Por eso, hay quienes se remontan al INDEC y la decisión de Milei de no implementar el nuevo IPC que había sido elaborado por Marco Lavagna que, de implementarse, le habría dado un índice de inflación más elevado que el que se viene publicando.
Es que por caso, la OPC tiene la facultad para elaborar informes propios que podrían poner sobre la mesa el gasto tributario (lo que el Estado deja de recaudar) con la sanción de leyes como el RIGI o Súper RIGI. O, incluso, las bajas de retenciones que el Gobierno viene implementando de manera discrecional y prometiendo a futuro.
Al mismo tiempo, la OPC podría poner blanco sobre negro en torno al equilibrio fiscal, bandera de los libertarios. “Hay cosas subregistradas”, dijeron quienes olfatean por dónde irían las intenciones del Gobierno.
La OPC atenta contra el discurso libertario
La OPC también le pasó una mala jugada a los libertarios cuando estimó el impacto fiscal de leyes impulsadas por la oposición. Por caso, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, esgrimió sus fundamentos para rechazar leyes opositoras, como la reforma previsional, la prórroga de la moratoria y la Emergencia en Discapacidad, en su elevado impacto fiscal. Por aquellos días, desde las filas oficialistas, se tildó de "irresponsable fiscal" a la oposición.
Pero, en aquel entonces, el riojano no se valió de informes elaborados por la OPC para desgranar el costo que implicaría su sanción y cómo este atentaría contra el equilibrio fiscal del que se enorgullece Milei. Sino que el diputado se valió de números provenientes de “su equipo económico”. Lo llamativo fue que los datos que arrojó el diputado en un tuit representaban un punto del PBI por encima de lo estimado por la OPC.
Lo segundo llamativo es que “su equipo económico” era Carlos Guberman, funcionario del Ministerio de Economía (con pasado en la OPC). El valor de la OPC es, precisamente, que brinda información fidedigna al Congreso para preservar la independencia de los poderes del Estado. En este caso, que el Ejecutivo no tenga injerencia en las decisiones del Legislativo.
Pero esa no fue la única vez que la OPC quedó en el centro de la escena durante la era Javier Milei. Por caso, echó luz en los proyectos sancionados por el Congreso, impulsados por la oposición, que Milei se resiste a cumplir, como la Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario. En lugar de hablar de su impacto fiscal, el mandatario apuntó contra la oposición por no decir de dónde salían los fondos para incumplirla. Todo esto pese a que los textos facultan al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para su cumplimiento. Tal cual rezan algunos proyectos de ley con sello libertario.
Más allá de la explicación del senador Monteverde, en las filas libertarias dijeron que detrás de la auditoría hay otras motivaciones. “Que la OPC no sea una cueva de radi-kukas”, dijeron en diálogo con este medio. Asimismo, aseguraron que “hay indicios de que tienen más gente de la que necesitan”.
Un dato a tener en cuenta es que, por cuestiones procedimentales, se suspendió la incorporación de 15 personas en la OPC, tras celebrarse un concurso del que participaron más de 120 aspirantes. "Quieren digitar los informes y quieren poner a personas afines en esas 15 vacantes", dijeron desde UP a este medio.
La relevancia de la OPC
Durante el Gobierno de Mauricio Macri, con el acompañamiento del peronismo, el Congreso sancionó la ley mediante la cual se creó la OPC. Se trata de un órgano que brinda apoyo técnico al Congreso y que está hecho a imagen y semejanza de otros parlamentos.
La OPC se encarga, por caso, de analizar y producir informes sobre el proyecto del Presupuesto que el Ejecutivo envía cada año. Además, elabora, por pedido de las autoridades de las Comisiones de Presupuesto de ambas cámaras, estimaciones de impactos en materia de ingresos y gastos de proyectos de ley presentados por los legisladores.
Desde su creación, la OPC es un organismo del que se valen los diputados y senadores, sobre todo para poner la lupa en el impacto fiscal de cualquier iniciativa. Y, de alguna manera, imprimirle mayor responsabilidad a los legisladores a la hora de impulsar una iniciativa que, de acuerdo a lo que establece la Ley de Administración Financiera, debe especificar de dónde salen los recursos para el financiamiento de cualquier iniciativa.
Bertie Benegas Lynch
Benegas Lynch es uno de los integrantes de la Bicameral que supervisa a la OPC.
Diputados
Ahora bien, la preocupación por parte de la oposición no solo pasa por una eventual intervención libertaria que termine dinamitando un organismo que desde su creación goza de buena imagen y elabora informes que son de utilidad dentro y fuera del Congreso.
Sino que alertan que organismos como la OCDE “miran la independencia de la OPC”. Y alertan: “Ojo con jugar con estadísticas y que se afecte la credibilidad”, lo cual podría tener un impacto no solo político sino incluso en la economía.
Por todo esto, también hay quienes advierten que, si bien es cierto que la bicameral que conduce Monteverde, a diferencia del resto de las comisiones, "se autorregula" y no se encuentra obligada a hacer públicos sus encuentros, "los principios de transparencia atraviesan a toda la actividad legislativa".
