La Procuración General de la Nación afirma que se trata de una demanda de la Provincia al Estado Nacional, por lo que entiende que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es a partir de una competencia originaria.
La Procuración General de la Nación dictaminó este miércoles en favor de la competencia originaria de la Corte Suprema en el marco de la acción iniciada por la Provincia en contra del decreto de Javier Milei que eliminó el Fondo para el Fortalecimiento Fiscal.
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El 26 de febrero, el Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el decreto 192/2024 que derogó el artículo 4° del Decreto N° 735 del 9 de septiembre de 2020 mediante el cual el Gobierno de Alberto Fernández creó el Fondo para el Fortalecimiento bonaerense con recursos obtenidos a partir de la revisión de los montos otorgados a la Ciudad por el traspaso de la Seguridad.
El gobernador Axel Kicillof respondió a la decisión de Nación con una acción declarativa ante la Corte Suprema en la que solicitó la inconstitucionalidad de la normativa, argumentando que al adherir al régimen de coparticipación federal de recursos fiscales la Provincia perdió más de 6 puntos de coparticipación respecto de lo que percibía en ese momento.
Además, señala que el decreto "es arbitrario, discriminatorio e irrazonable y que no se sustenta en los hechos y antecedentes que le sirven de causa, ni en el derecho aplicable (art. 7°, inc. b, ley 19.549), al desconocer las circunstancias de la creación del FOFOFI y el contexto de desigualdad crónica de la Provincia de Buenos Aires en materia de distribución de recursos coparticipables".
Asimismo, solicita que se ordene al Estado Nacional "el pago del saldo adeudado por los meses de noviembre y diciembre de 2023, enero y febrero de 2024, relativo al FOFOFI", que además "se suspendan los efectos del decreto 192/24" y por último "se abstenga de dictar y ejecutar cualquier acto que persiga la eliminación o reducción de la asignación y distribución del FOFOFI".
La Procuradora Fiscal Laura Monti tomó nota y, luego de realizar un pormenorizado análisis de la situación, dictaminó que "en atención a la naturaleza de las partes que han de intervenir en el pleito, corresponde a la competencia originaria de la Corte".
En el texto al que accedió Ámbito, Monti hace hincapié en que se trata de una demanda de la Provincia de Buenos Aires al Estado Nacional, por lo que entiende que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es a partir de una competencia originaria. "En función de lo expuesto, considero que estas actuaciones deben tramitar ante los estrados de esa Corte", cerró.
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