Más de una enseñanza dejará la elección del domingo en Misiones. Sobre todo, si ninguna de las partes gana por amplio margen, lo que parece difícil. Para el gobierno nacional, si pierde el gobernador Carlos Rovira, es un indicio de que todo lo que se ambiciona no se alcanza y que el poder o favoritismo de uno (en este caso Néstor Kirchner) no es transferible a otro (su colega misionero). Es un dato para el futuro político del Presidente, quien ayer se dedicaba en exclusivo a esos comicios. Con el mismo resultado negativo, la insistencia de otros gobernadores por la reelección también ingresa en terreno resbaladizo, casi no es necesario dar nombres.
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Pero también la oposición aprenderá de este escrutinio: aun perdiendo, la unidad de fuerzas opositoras demostrará que, si no se escinden, pueden conmover o voltear con votos a cualquier administración. Quizás es lo que no entendió Rovira: permitió la fabricación de masa crítica, no tanto de líderes ni de participantes políticos, con incapacidad para dividirla y sin reparar en el valor que en tiempos de menos crisis puede tener para la población un intento de perpetuidad en el poder. También la oposición deberá advertir que, sin organizarse mínimamente, cualquier pretensión electoral resulta nula: hoy en Misiones se advierte que, en el interior de la provincia, sólo el oficialismo dispone de penetración, gentilezas, fiscales y control. Allí puede haber una diferencia que los centros urbanos quizá no puedan disminuir.
No cesan en el gobierno de hablar sobre el complot de San Vicente (a pesar, inclusive, de que la Justicia ya descartó como absurda esa teoría). Y, por lo tanto, con ese sentido hubo una reunión en la Casa de Gobierno hace 48 horas con el ministro del Interior y dos capitostes de la CGT. El clima de conspiración lo transmite Aníbal Fernández, quizás por pasadas rencillas con el duhaldismo y la presencia del matrimonio bonaerense en la CGT (debe recordarse que el ahora ministro estuvo demasiado cerca de Hilda Chiche Duhalde cuando ésta disponía del poder omnímodo y, a veces, esos servicios pasados guardan más inquinas que amores). Por otra parte, si se configurara al menos un complot, el gobierno podría eludir la irresponsabilidad de haber dejado en manos del gremialismo el traslado del féretro de un ex presidente y la falta de seguridad que imperaba para el actual presidente si iba como simpatizante a la quinta. Ese es un sector; en el otro militan los sindicalistas que, por propia impericia, a cada rato se dicen «¿cómo no vimos lo que podía pasar?»; Hugo Moyano y Omar Viviani, responsables de la seguridad y del viaje de los restos de Perón. A ellos también les encantaría encontrar un culpable: sospechan, claro, que el grupo opositor que se enfrentó a los camioneros, la filial La Plata de la Construcción (Juan Pablo «Pata» Medina), bien pudo haber sido inducido por uno de los «gordos», de influencia en la capital provincial, como Carlos West Ocampo (Sanidad), pero se niegan a que ese nombre se les caiga de la boca.
En rigor, saben -sobre todo Moyano- que el complot gremial surgió luego de los episodios de San Vicente, no antes, cuando su conducción reveló incapacidad: el resto de las organizaciones de la CGT, entonces, aprovecharon esa debilidad para reclamar su hartazgo por una frase común del camionero cuando habla de asignaciones y ventajas crematísticas: «Bueno, antes les tocaba a ustedes, ahora me toca a mí». O sea, hasta el operativo Perón se hablaba de dinero para uno solo, algo así como la Banelco del pasado para goce y disfrute de un solo sindicato (el único que compra sanatorios, inmuebles, inaugura hoteles 6 estrellas, mientras los otros miran con la nariz contra el vidrio). Nadie ignora que subsidios y premios antojadizos, millonadas en transporte, capacitación u otras alternativas ingeniosas sólo favorecen a los camioneros. A nadie más se reparte. Aceptan sin embargo esos favores los disconformes, pero reclaman el descongelamiento del gigantesco recurso que el gobierno guarda de las obras sociales -parte, claro, del superávit fiscal del cual Felisa Miceli presume como si fueran ahorros propios y ningún economista objeta-, pues sus servicios médicos han entrado en colapso. Basta indagar el estado de la obra social de Obras Sanitarias, el gremio del segundo de la CGT, José Luis Lingieri. Con esa necesidad, sí surgió la conspiración contra Moyano tras los episodios de la quinta, quien ahora debe pensar en mecanismos para que otros gremios también logren algún oxígeno oficial. Sabe que la felicidad no es eterna. Otro complot, por más que se esfuerce el gobierno y otros acólitos, puede semejarse al que inventó Raúl Alfonsín en 1985, cuando le imputó, detuvo y hasta exilió a distintos ciudadanos bajo el cargo de conspiración contra la democracia, aunque también les cargaron que participaban en el tráfico de drogas y en la trata de blancas. Hasta inventaron una exótica organización japonesa, de presunto origen de derecha, para justificar la persecución a un militar de breve apellido y posible inspiración oriental. Una calamidad de entonces, un daño del cual más tarde el Estado debió hacerse cargo pagándoles a los damnificados con los impuestos de los argentinos.
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