El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé rechazó remitir su causa de espionaje ilegal a su colega de Dolores Alejo Ramos Padilla, al no hacer lugar a un planteo que habían hecho dos querellantes del caso, el exjefe del Ejército César Milani y el exfuncionario Oscar Tomas, ambos considerados víctima de espionaje mientras estaban detenidos en la cárcel de Ezeiza.
Bajo la representación del abogado José Manuel Ubeira, los querellantes consideraron que el juez Ramos Padilla, a cargo del D´Alessiogate, era quien debía investigar toda la trama de espionaje ilegal. Dentro de quienes propiciaron y acompañaron la presentación de Ubeira se encuentran en la causa las contestaciones realizadas por la representación de otras víctimas de espionaje como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal.
En ambas presentaciones, esas querellas coincidieron en que Ramos Padilla no es el juez natural de la causa de espionaje, pero a diferencia de Ubeira, entienden que el caso debe pasar a Comodoro Py.
La petición de Ubeira se basó en que la causa de Ramos Padilla “tiene como objeto una organización criminal paraestatal, que utilizó diversas herramientas del espionaje ilegal con fines políticos, económicos y judiciales y que actuó en varias jurisdicciones del país y en el exterior”.
Al rechazar el planteo, el juez Augé sostuvo que “no existe identidad material entre las presentes actuaciones y sus acumuladas con la causa tramitada ante la Justicia de Dolores. Que más allá de que compartan el presunto tipo penal, existe una evidente falta de coincidencia entre los hechos estudiados en uno y otro expediente, que hacen a todas luces imposible la petición practicada”.
Espionaje penitenciario
Emiliano Blanco, exdirector del SPF negó haber cometido hechos de espionaje contra detenidos exfuncionarios kirchneristas y empresarios que estuvieron acusados en causas impulsadas por el macrismo. Sin embargo reconoció que tuvo reuniones en la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas. “Fui en tres ocasiones, no más de 30 minutos”, aclaró a la Justicia.
Entre las pruebas de la causa están las fichas con información de exfuncionarios y empresarios detenidos en cárceles que estaban en los teléfonos de los espías. “Yo no se las di ni se las daría. No es un elemento que deba tener la AFI”, se defendió Blanco.
Según Blanco, esa relación no surgía de un convenio secreto, como sospecha la Justicia, “sino que lo plantea la ley” porque el SPF “está inserto” en el sistema de inteligencia, se defendió el exfuncionario al explicar que no iba a firmar un convenio para cometer un delito. Blanco desconoció haber hecho espionaje en las cárceles en las que estuvo a cargo. “Yo no tengo ningún interés, ni hice las barbaridades que dicen que hice”, alegó en su descargo ante el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé vía Zoom.
En tanto, Juan Sebastián De Stéfano, exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI pidió la nulidad de su indagatoria y logró postergar la audiencia por unas semanas. El 16 de diciembre será la nueva fecha de indagatoria.
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