16 de junio 2026 - 08:47

La Plata ya tiene fecha para implementar el nuevo sistema penal federal

El Código Procesal Penal Federal comenzará a regir desde el 21 de septiembre en la jurisdicción de La Plata. El modelo acusatorio promete agilizar las investigaciones, fortalecer el rol de los fiscales y acelerar los procesos judiciales.

Con una fecha ya definida, La Plata se prepara para implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal, un modelo que reemplaza el esquema tradicional y pone a los fiscales al frente de las investigaciones. 

Con una fecha ya definida, La Plata se prepara para implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal, un modelo que reemplaza el esquema tradicional y pone a los fiscales al frente de las investigaciones. 

La jurisdicción federal de La Plata pondrá en marcha el próximo 21 de septiembre el Código Procesal Penal Federal, una de las reformas más importantes impulsadas en los últimos años para transformar el funcionamiento de la Justicia penal en Argentina.

La fecha fue oficializada este martes mediante la Resolución 275/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de un proceso de adecuación institucional coordinado por el Ministerio de Justicia. Con la entrada en vigencia del nuevo esquema, la región se sumará al grupo de distritos que ya aplican el sistema acusatorio, un modelo que busca hacer más rápidas y eficientes las investigaciones penales.

La reforma implica un cambio profundo en la dinámica judicial. Los fiscales asumirán un papel central en la investigación de los delitos, mientras que los jueces concentrarán su función en garantizar la legalidad del proceso y resguardar los derechos de las partes involucradas.

Desde el Gobierno sostienen que el nuevo sistema permitirá agilizar los expedientes, reducir tiempos procesales y mejorar la persecución de delitos complejos, además de fortalecer la transparencia de los procedimientos mediante audiencias orales y públicas.

La implementación en La Plata forma parte del cronograma previsto por la Ley 27.150, que establece una aplicación gradual del Código Procesal Penal Federal en todo el país. El nuevo modelo ya funciona en distintas provincias y jurisdicciones federales, entre ellas Salta, Jujuy, Santa Fe, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además de Bahía Blanca, Mar del Plata y San Nicolás dentro de la provincia de Buenos Aires.

La jurisdicción de La Plata tiene una relevancia estratégica dentro del sistema judicial federal. Comprende gran parte del sur del Área Metropolitana de Buenos Aires y zonas del noreste y noroeste bonaerense, incluyendo puntos clave para el comercio y la logística nacional como el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y los puertos de La Plata y Dock Sud.

La puesta en marcha había sido prevista originalmente para mayo de este año. Luego fue postergada para noviembre con el objetivo de completar las tareas de preparación. Finalmente, el Ejecutivo resolvió adelantar la fecha al considerar que ya se encuentran dadas las condiciones necesarias para el funcionamiento del nuevo esquema.

Entre los avances realizados se destacan inversiones en infraestructura tecnológica, equipamiento para el tratamiento de evidencia digital y la adecuación de espacios destinados a las audiencias orales. También se incorporaron sistemas UFED y otras herramientas especializadas para fortalecer las investigaciones vinculadas a delitos complejos y garantizar una mayor trazabilidad de las pruebas.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura avanzó con la instalación y acondicionamiento de salas de audiencias equipadas con tecnología audiovisual, conectividad y recursos informáticos compatibles con la lógica del sistema acusatorio.

La preparación incluyó además un amplio programa de capacitación para magistrados, fiscales, defensores y funcionarios judiciales. Durante los últimos meses se realizaron simulacros de audiencias y talleres de entrenamiento destinados a unificar criterios de trabajo y adaptar a los operadores judiciales a las exigencias del nuevo modelo.

Con este paso, el Gobierno busca acelerar la expansión del sistema acusatorio en el país y avanzar hacia una transformación integral de la Justicia federal, una reforma que apunta a procesos más rápidos, mayor transparencia y una respuesta más eficaz frente al delito.

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