Más control para obras en Capital

Un proyecto de ley que obliga a un registro exhaustivo de todas las obras que se realizan en la Capital Federal viene demorando su tratamiento en la Legislatura porteña, como parte del paquete de normas que Mauricio Macri envió para su sanción.

Se trata de la modificación a un registro, que incorporará también el monitoreo por Internet de las obras particulares además de las públicas, pero al parecer el Gobierno porteño ya tiene aprobada una norma similar.

El énfasis que quiere imprimirles Macri a los controles en la Capital Federal habría contagiado a sus ministros para proponerle iniciativas similares. Al menos eso analiza la comisión de Obras Públicas que preside el peronistamacrista Cristian Ritondo.

Sin embargo, Macri tiene fundamentos para insistir con los controles, ya que el titular de la agencia que se dedica a la materia, Federico Young, ya sería citado por la comisión de Seguridad, entre otros puntos, por el incendio ocurrido en el barrio de Once, donde se descubrió que había depósitos de cotillón que nunca fueron habilitados como tales.

Pero la nueva ley que está previsto se trate este jueves, cuando los legisladores retomen la actividad tras el fin de semana largo, podría pasar al archivo si el macrismo termina aceptando que es similar a uno anteriormente aprobado para que el mencionado registro lo lleve el área de Espacio Público.

En cambio la ley que está en debate Buenos Aires, desde enero, modifica el Sistema Informático de Obras de Infraestructura y Arquitectura Urbana (SIDIAU), que es una base de datos pública informática sobre las obras que afecten directa o indirectamente la vía pública, el espacio aéreo y el subsuelo de la Ciudad.

Pero el gobierno de Macri quiere incluir allí las obras ejecutadas por «toda persona física o jurídica, de derecho público o privado», ya sea «aperturas o roturas de calzada, veredas, cordones, áreas verdes, mantenimiento de instalaciones preexistentes, construcción de cámaras subterráneas o de superficie, instalaciones o conductos subterráneos, edificios públicos o cualquier emplazamiento».

También se incluyen todas las obras, tanto públicas como privadas, o de empresas de servicios y los entes descentralizados de la Ciudad.

De ese modo, el Gobierno porteño busca contar con un registro informático de todo lo que se está haciendo en la calle, desde la reparación de veredas por parte de los propietarios, edificaciones de empresas privadas, como reparaciones y emprendimientos de la propia gestión, que desembocará en un «mapa de obras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», incluidos los tendidos aéreos de cables de televisión y telefonía.

Para eso, las empresas, de acuerdo con la ley a sancionarse, «deberán suministrar sin excepción un detalle de todas las obras en la vía pública o que afecten el espacio aéreo, indicando la ubicación de las antenas emisoras o receptoras de señales de radiofrecuencia y sus estructuras portantes, así como la ubicación de cualquier tipo de tendido aéreo de cable».

También deberán hacerlo sobre las obras subterráneas. Además, la norma prevé que ninguna empresa o particular podrá «iniciar trabajos en la vía pública sin contar con la información prevista», y la aplicación de multas en caso de no cumplir las disposiciones.