El fiscal general Ricardo Sáenz denunció que el fallecido fiscal Alberto Nisman es objeto de un "escrache de tipo fascista" que consiste en "frivolizar" su vida privada" para "deslegitimar su trabajo".
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"No hay más espacio para emprender operaciones de propaganda contra funcionarios políticos o judiciales, a modo de viejos escraches de tipo fascista, como viene ocurriendo con el pertinaz intento de frivolizar la vida privada de Nisman", enfatizó Sáenz.
Para el funcionario, en ese caso se tiene "la intención de deslegitimar su trabajo para que pensemos que su denuncia carece de fundamentos sólidos y que debe ser desestimada judicialmente, como ha ocurrido hasta ahora".
"La muerte de Nisman marca un punto de inflexión en una larga historia de desinteligencias y desmanejos de los operadores de la Justicia, tanto en lo referente a la relación con el poder político como con los servicios de inteligencia. Y también lo marca en esa misma línea para la sociedad, que hace años observa perpleja ese panorama", consideró.
Sáenz indicó que "la sociedad argentina no tolera más este tipo de hechos, ni los intentos del Poder Ejecutivo de intervenir sin tapujos en causas judiciales, ni las distintas variantes reñidas con la legalidad con las que mucha veces el Poder Judicial tramita esa tendencia".
"La sociedad está reclamando claramente otra cosa. Otra actitud de su clase dirigente, sea la política, la empresarial, la sindical y también la judicial", señaló el fiscal en una nota de opinión publicada por un matutino porteño.
Consideró que "ya no hay espacio para presentar una investigación judicial contra un gobierno como si fuera una batalla política donde el derecho escapa por la ventana y sólo interesa para su resolución si el juez o el fiscal son oficialistas u opositores".
"No hay más espacio para intentar torcer la interpretación de cuanta norma se oponga al deseo del gobernante por imponer su criterio. No hay más espacio para que los nombramientos en el Estado se funden más en la militancia que en la idoneidad o en la obsecuencia que en la honestidad", agregó.
Según Sáenz, "el gobierno que asuma el 10 de diciembre, no importa su signo político, deberá reconstruir gran parte de la institucionalidad abandonada por muchos años, y el Poder Judicial será un capítulo muy importante en esta vuelta al imperio de los principios republicanos y la división de poderes".