El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo esquema de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), en línea con el proceso de ajuste sobre organismos del Estado que impulsa la administración de Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei activa un retiro voluntario en el INTA para reducir personal
El programa estará vigente hasta el 31 de mayo y contempla una gratificación calculada según antigüedad y salario. La medida fue aprobada por el Consejo Directivo del INTA en el marco del recorte del gasto público.
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La iniciativa fue aprobada por el Consejo Directivo del INTA y oficializada en el Boletín Oficial mediante una resolución que estableció la creación del “Sistema de Retiro Voluntario” para el ejercicio 2026.
Según la normativa, el plan comenzó a regir el 4 de mayo y estará disponible hasta el 31 de este mes, aunque podrá extenderse por única vez durante otros 15 días si así lo dispone el organismo.
El régimen está dirigido exclusivamente a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley Nº 25.164 y en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
La resolución establece que la compensación económica será calculada sobre los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Además, se tomó en cuenta un incremento salarial acumulado del 10,30% para determinar el monto de las gratificaciones.
El esquema prevé el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción superior a tres meses. El cálculo contempla únicamente el tiempo trabajado como personal permanente dentro de la Administración Pública Nacional.
A su vez, el beneficio tendrá topes según la edad del trabajador. Hasta los 60 años no habrá límite, mientras que entre los 61 y 63 años se aplicará un máximo de 24 salarios brutos. Para quienes tengan 64 años o más, el tope será de 12 haberes.
La normativa excluye a distintos grupos de empleados. Entre ellos, quienes ya hayan iniciado trámites jubilatorios, los trabajadores procesados o condenados por delitos contra la administración pública, aquellos que mantengan litigios laborales contra el Estado y agentes sometidos a sumarios por faltas graves.
También quedarán afuera quienes hayan presentado previamente su renuncia o tengan procesos vinculados con responsabilidades patrimoniales dentro de la administración pública.
Desde el organismo precisaron que el pago se realizará en una sola cuota dentro de los 30 días posteriores al cese laboral, que se hará efectivo el 15 de junio de 2026.
Además, quienes adhieran al retiro voluntario no podrán reingresar al Sector Público Nacional durante un período de cinco años, cualquiera sea la modalidad de contratación. La única excepción prevista corresponde a cargos docentes en universidades nacionales.
En los considerandos de la resolución participaron distintas áreas técnicas y administrativas, entre ellas la Subsecretaría de Presupuesto, la Secretaría de Hacienda y dependencias del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que no formularon objeciones al plan.
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