Pedirán amparo a La Haya para que paralicen las papeleras

Jorge Taiana se presentó ayer ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado para informar, tal como hizo el martes pasado en Diputados, sobre la actuación del gobierno en la negociación con Uruguay por el conflicto de las papeleras. El Canciller ratificó todos sus dichos anteriores, insistió con las tres violaciones del país vecino al tratado del río Uruguay, pero agregó un dato que, si bien es nuevo como argumento del gobierno, los ambientalistas lo vienen pidiendo desde hace una semana: que se solicite al tribunal internacional de La Haya una medida cautelar para que suspenda la construcción de las dos papeleras en Fray Bentos. Sorprendió a algunos, de todas formas, que el propio canciller reconociera que el pedido de apoyo al Congreso seguía siendo «por si era necesario», abriendo la posibilidad de continuar otra vía de negociación. El anuncio de Taiana, además, provocó dudas a algunos senadores que no entendieron cuál será la vía que tomará el país para conseguir no sólo que La Haya emita una medida cautelar, sino también cómo hará ese tribunal para que, en caso de concederla, la haga cumplir. Para suspender la construcción de las plantas, la Argentina deberá presentar una suerte de acción de amparo -para compararlo con el derecho local- y aunque el tribunal le haga lugar, algo que no está precisamente contemplado, debe haber luego una fuerza que haga efectiva la medida si el país de destino -en este caso Uruguay- se niega a cumplirla. No es un caso de un conflicto armado, como para que la ONU destaque fuerzas de paz -como el caso de la ex Yugoslavia-. Por lo tanto la aplicación de un pedido de ese tipo sonó ayer más publicitario -lo venían pidiendo las asambleas ambientalistas- que realista. • Plazos Pero en tren de explicar la posibilidad del pedido, Taiana agregó datos interesantes. Por ejemplo, con relación a cuánto puede durar el trámite ante La Haya: «No podemos pensar en menos de tres meses -para la medida provisional o cautelar- y un plazo de no menos de 2 años y hasta 4 años -para dirimir, dar el fallo definitivo-». Esto significaría, si la construcción de las plantas no se detiene, que aunque se tome el plazo menor, cuando el tribunal emita el fallo las plantas estarán funcionando ya a pleno. Fue ayer el día final de análisis en el Congreso de la crisis diplomática por las plantas de celulosa. Tanto senadores como diputados escucharon los últimos informes de Taiana, del gobernador Jorge Busti y de ambientalistas de Gualeguaychú, antes de emitir los dictámenes de los dos proyectos de declaración con los que apoyarán políticamente la decisión del gobierno de elevar la causa a La Haya. De todo ese proceso, lo más destacado del día fue la segunda presentación de Taiana ante los legisladores, esta vez en la comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que preside Carlos Reutemann y donde Rodolfo Terragno, uno de los mayores críticos del accionar diplomático del gobierno, es vicepresidente. Fue en ese ámbito que Taiana explicó la decisión que, obviamente, el gobierno no había tomado cuando el canciller les habló a los diputados 48 horas antes: «en caso de ser necesario le pediremos a la Corte Internacional de La Haya que dicte una medida provisional para que se suspenda la construcción de las dos papeleras», dijo. Con el mismo tono duro que utilizó esta semana, pero sin repetir explicaciones -adelantó que sólo resumiría los argumentos lanzados en Diputados- argumentó que el pedido a la Corte de La Haya está sustentado en el sostenido «incumplimiento uruguayo de los mecanismos de consulta previa» que prevé el tratado bilateral para preservar la calidad ambiental del río Uruguay. Repitió entonces todas las instancias de diálogo y negociación encaradas por el gobierno argentino a través de la Cancillería, desde 2003 hasta el 31 de enero último, y marcó cada uno de los incumplimientos, primero del gobierno de Jorge Batlle y luego del de Tabaré Vázquez. La reunión comenzó a las 9.40 y se prolongó hasta las 12.20. En el estrado del Salón Illia, junto a Taiana, durante ese tiempo aparecieron Reutemann, Terragno, Miguel Pichetto y el mismo equipo de la Cancillería que lo había acompañado en Diputados. • Sin alternativas Entre las definiciones, el canciller desechó cualquier posibilidad de recurrir a dirimir el conflicto ante un tribunal del Mercosur simplemente porque el bloque no tiene mecanismos de ese tipo y porque el tratado del río Uruguay prevé específicamente a la Corte de La Haya como ámbito para la solución de controversias. Fue cuando el salteño Ricardo Gómez Diez, del Partido Renovador de Salta, le preguntó por vías alternativas. Pero hubo una clara admisión de Taiana ante un comentario de Terragno sobre la posibilidad de agotar otras vías de negociación, aunque con una condición básica: «Siempre hay tiempo para negociaciones directas y a cualquier posibilidad de diálogo que tenga por fin detener la construcción de la obra. Claro que siempre hay que hacer un esfuerzo más y el gobierno nacional está dispuesto. Por eso el pedido es por si hay necesidad. Pero tener el apoyo del Parlamento es importante», aclaró aunque luego insistió con la posición dura: «Nuestra voluntad de diálogo tiene un límite. Ese límite nos obliga a presentar el caso ante La Haya».

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