Piden enviar a juicio a Jaime y su presunto testaferro por la compra de trenes chatarra

Ricardo Jaime

El fiscal federal Federico Delgado pidió enviar a juicio oral al detenido exsecretario de Transporte de la Nación en el kirchnerismo, Ricardo Jaime, y a su supuesto testaferro, Manuel Vázquez, por presunta defraudación y cobro de sobornos a raíz de la multimillonaria compra de vagones y repuestos para el ferrocarril Belgrano a España y Portugal entre 2005 y 2007, que resultaron inservibles.

Según el dictamen, la fiscalía sostuvo que hubo un "grupo de personas que, a caballo de la necesidad de refundar el servicio de trenes, tomó por asalto el presupuesto estatal" en un modus operandi que tuvo "múltiples consecuencias", como la "subsistencia de un servicio de trenes en pésimo estado" y "una más y muy cruel: la tragedia de Once".

Si bien el fiscal aclaró que estos hechos no están ligados penalmente "es inevitable no proponer leerlos como un puente que une una gestión a cargo del servicio de ferrocarriles y concluir, con una base empírica indiscutible, que la corrupción mata".

En esta causa, el juez federal Julián Ercolini procesó además al exministro de Planificación Julio De Vido, pero la Cámara Federal porteña aún no confirmó esta decisión, por lo cual será enviado a juicio junto a otros ex funcionarios kirchneristas en una segunda etapa si el Tribunal de Apelaciones deja firme la decisión del magistrado.

Pese a ello, Delgado advirtió que, sin De Vido y los exfuncionarios, "no se podría comprender la maniobra". Jaime, Váquez y otros dos procesados para quienes sí se pidió juicio, Ricardo Testuri e Ignacio Soba Rojo, "pensaron una estafa y la ejecutaron".

"Armaron un escenario para generar pagos ilegales desde el Estado Nacional. En este caso, a través de la adquisición de material rodante en mal estado", evaluó el representante del Ministerio Público Fiscal en el dictamen que, ahora, deberá analizar el juez Ercolini.

"Además, hubo coimas a través de un pacto ilegal, mediante el que decidieron comprar chatarra como si fuera buena y facturar sumas exorbitantes a empresas amigas en concepto de asesoramiento técnico, que en realidad, ocultaban sobornos", agregó.

El fiscal pidió a Ercolini que encomiende a la Procuración General del Tesoro disponer eventuales acciones legales para la recuperación del dinero por parte de los imputados y de las empresas que firmaron contratos.

Como consecuencia de la maniobra, señaló Delgado, "el Estado fue víctima de un saqueo" sin que se cumpliera ningún objetivo como mejorar los trenes o reactivar los talleres: "Se demostró que todo era mentira", remarcó.

"El 44% del material rodante adquirido se encontraba fuera de servicio, deteriorado, sin que se hubieran realizado las tareas de reparación necesarias para su uso", advirtió la fiscalía. Delgado remarcó que el cien por ciento del material adquirido nunca se rehabilitó "pese a que se pagó a una empresa, Expansión Exterior SA, por ese trabajo". Para el fiscal, en estas compras hubo además sobreprecios de entre un 117 y un 171%.

Además, en el marco del expediente, recopiló testimonios de empleados que fueron a verificar el material llegado desde España y Portugal y que permaneció durante años abandonado en galpones.

"El material presentaba un estado muy malo, de deterioro; las carrocerías estaban apoyadas sobre caballetes, los boogies estaban desmontados y situados en otra parte del predio, a la intemperie", indicó el fiscal.

Como conclusión de esas variables, el fiscal Delgado pidió que Jaime sea juzgado como presunto autor de los delitos de defraudación por administración fraudulenta agravada y cohecho, y que los demás procesados -Vázquez, Ignacio Soba Rojo y Ricardo Testuri- lo sean como presuntos partícipes necesarios.

Esta es la causa penal que llevó a Jaime y a Vázquez a prisión, pese a que luego fueron condenados por otros delitos de corrupción. Jaime está detenido en la cárcel de Ezeiza, mientras que Vázquez, por razones de salud, fue beneficiado con prisión domiciliaria.

El dictamen de Delgado se produjo luego de que Ercolini diera por cerrada la etapa de investigación y pidiera opinión a las partes sobre el envío del expediente a juicio oral y público.