Piden juicio político de Corte santiagueña

Política

Un abogado pidió juicio político a los integrantes de la Corte de Justicia santiagueña al denunciar que violaron la Ley Orgánica de Tribunales al designar juez "ad hoc" al fiscal Arrulfo Hernández para investigar el doble crimen de La Dársena.

La denuncia por "mal desempeño en sus cargos de magistrados, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y prevaricato" fue presentada hoy por el letrado Guillermo Ruiz Alvelda, informaron voceros de la Legislatura provincial.

Entre las causales del pedido de juicio político a la Corte, presidida por Ernesto Kozameth e integrada por José Azar y Clara Herrera de Celiz, figura "la violación a la ley con la designación del fiscal Arrulfo Hernández en la causa por el doble crimen de La Dársena".

"Han desoído maliciosamente el artículo 57 de la Ley Orgánica de Tribunales cuando indica que el reemplazo o subrogación de los jueces de Instrucción en lo Criminal y Correccional, en casos de recusación, inhibición, licencia y otro impedimento, serán reemplazados por jueces civiles, fiscales y defensores de sus respectivas jurisdicciones y en ese orden", dijo el denunciante.

Tras objetar la designación de Hernández e indicar que tras la recusación a Dardo Herrera debía asumir Clara Gaimetea (jueza de Familia), Ruiz Alvelda denunció que "la mayor gravedad está dada en que los integrantes del máximo tribunal no respetaron la Constitución ni las leyes de la provincia, es más, las violaron".

Hernández, fiscal general del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, se convirtió hace dos semanas en el cuarto juez del doble crimen de La Dársena desde que se iniciaron las investigaciones por los asesinatos de Leyla Nazar y Patricia Villalba.

Hernández fue designado a través de una acordada de la Corte santiagueña como "juez ad hoc" del caso, por lo que la jueza de Familia de La Banda, Clara Gaimetea Saavedra, reemplazante del recusado Herrera, sólo estuvo al frente de las investigaciones apenas 12 horas.

Antes de ser fiscal general del máximo tribunal, Hernández se desempeñó como juez Civil de VI Nominación y su designación para investigar los asesinatos surgió tras un pedido formulado por los abogados Luis Santucho y María Llobet, defensores de la familia Villalba.

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